Dos diputados de IU se desmarcan y votan «no» a los recortes de la Junta

Sevilla- Los críticos de IULV-CA habían pedido por «mail» a los diputados de la coalición que se rebelaran, pero sólo dos, Juan Manuel Sánchez Gordillo y Marina Segura, rompieron la disciplina y votaron «no» ayer a convalidar el decreto-ley que sustenta el plan de ajuste de la Junta. Se opusieron también a su tramitación como proyecto de ley, que fue apoyada, sin embargo, por el resto de diputados de la Cámara autonómica.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, solicitó al plenario el respaldo a la convalidación del decreto «en un acto de responsabilidad», según sus propias palabras. «En la convicción –dijo– de que no cumplir con el déficit –el 1,5% del PIB, fijado para este año– minará la confianza en Andalucía», y pondría a la comunidad en un «contexto más difícil». De hecho, ya por la mañana había deslizado en una entrevista en Canal Sur Televisión, que «no aprobar» el plan de recorte supondría que «lo que puede venir» sea «aún más duro».

Durante su intervención recordó que las medidas de ajuste, aprobadas ya por el Gobierno andaluz de coalición, permitirán ingresar alrededor de 1.000 millones de euros adicionales, y conllevarán una reducción de gasto de unos 2.500. Aguayo se mostró segura de que la región «cumplirá su compromiso», aunque volvió a insistir en que el objetivo del déficit es «injusto, insolidario y desproporcionado», para las comunidades, en relación al esfuerzo que se ha marcado para la Administración General del Estado. En el mismo mensaje del «recorte impuesto» por Madrid, incidió el portavoz de la coalición socia de gobierno del PSOE. El diputado de IULV-CA, Ignacio García, arrancó señalando que para su formación «se trata de un mero aterrizaje –territorial»– del recorte al que ha obligado Rajoy».

El izquierdista comparó los márgenes de maniobra de los ejecutivos central y autonómico para acusar a Moncloa de no usar el suyo para evitar los recortes.

Instó al presidente del Gobierno de España a emular los «niveles impositivos» de los países nórdicos y repitió que la «tela» del plan de ajuste «es una imposición de Madrid y de Bruselas».
Con todo, se arrogó para IU el «protagonismo» de los «cambios importantes» en el documento inicial, insuficientes para los sindicatos, y «en la idea de que se tramite como proyecto de ley», para poder introducir mejoras.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas, hizo constar su desacuerdo con la postura defendida por PSOE e IU. No dudó en aseverar que el plan de ajuste de la Junta constituye el «ataque más furibundo que se haya producido nunca hacia lo público».
En su opinión, se trata de un «golpe brutal» a los trabajadores de la Administración regional y «a todos los ciudadanos», con el que el Gobierno andaluz «abre una auténtica brecha en el Estado del Bienestar» de la comunidad.

Para Rojas sí había alternativa. Considera que el Consejo de Gobierno de la Junta, integrado por la «izquierda única», ha optado por «recortar y no por reformar», al no estar «dispuesto a hacer sacrificios» propios. Criticó el coste que para las arcas públicas suponen los «miles de cargos digitales» o la «estructura periférica» impulsada desde San Telmo.

No se olvidó de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, a los que se refirió para poner de manifiesto que han supuesto «más de 1.500 millones de euros defraudados, el doble del ‘tijeretazo' que ahora imponen al salario de los trabajadores –747–». Un colectivo que, cree Rojas, no debería ser el «pagano» del «recortazo». Mantuvo, tras un cierto revuelo en la bancada socialista, que el «discurso de la confrontación» con el equipo de Rajoy «ya no se lo traga» nadie, dado que «el Gobierno de la nación ha auxiliado a la Junta –el plan para proveedores–». «Está haciendo por los andaluces –espetó– lo que ustedes no son capaces».
«No se puede hacer una ‘mijita' de recorte y hacerse casi insumiso», ironizó, para dirigirse en concreto a los diputados de IU y lamentar que la coalición hubiera «elegido la conveniencia de permanecer» en el Ejecutivo, en lugar de «ser fieles a su ideología y a su pasado reciente». Un argumento, la anteposición de unas ideas y un programa a la disciplina de voto, esgrimido por Sánchez Gordillo para su desmarque, acompañado y no en solitario por primera vez.

En contra, miles de docentes, sanitarios y funcionarios
Varios miles de funcionarios, profesionales sanitarios y trabajadores de la Administración General de la Junta de Andalucía, se manifestaron ayer desde el hospital Virgen Macarena de Sevilla hasta el Parlamento andaluz contra el plan de ajuste aprobado por el Gobierno andaluz, coincidiendo con el inicio de la tramitación parlamentaria del decreto ley que desarrolla el plan. Los convocantes fueron los sindicatos Safja, Satse, el Sindicato Médico (SMA), APIA y ANPE, SAE y FATE, unidos en plataforma.