Autorizada la extradición del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo a EEUU

La autorización de entregar al exgobernante a la justicia estadounidense fue ratificada unánimemente por los magistrados del máximo tribunal, que con un fallo inapelable rechazó un recurso de apelación de Portillo que buscaba dejar sin efecto decisiones judiciales anteriores, entre ellas una del 17 de marzo de 2010 que permitía la extradición.

Portillo, de 60 años y quien permanece en prisión desde el 26 de enero de 2010, deberá ser entregado a la justicia estadounidense en los próximos 60 días, de acuerdo con la legislación vigente.

"Se declara sin lugar la apelación", y por consiguiente "la orden de extradición queda firme", dijo a los periodistas el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado.

Las decisiones previas que autorizaban la extradición, dictadas por un Tribunal de Sentencia Penal y la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, estuvieron apegadas a derecho, explicó Maldonado.

En su fallo, la Corte de Constitucionalidad pide a la Justicia estadounidense que durante el proceso judicial al que será sometido Portillo se respeten sus derechos humanos, principalmente su derecho a la defensa y al debido proceso.

También le recomiendan a la Corte del Distrito de Columbia, en Nueva York (EEUU), que solicitó la extradición, que el exmandatario no sea recluido en una cárcel donde se encuentren reos que ya hayan sido sentenciados para garantizar su seguridad.

La Fiscalía de Nueva York promovió la extradición de Portillo para procesarlo porque supuestamente utilizó el sistema bancario estadounidense para lavar más de 70 millones de dólares que habrían sido desfalcados de las arcas del Estado guatemalteco.

La Corte de Constitucionalidad señaló este viernes que, en caso de que Portillo sea condenado en sentencia firme por la justicia estadounidense, cumpla la pena en una cárcel de Guatemala.

Por ello, sugirió al Gobierno guatemalteco que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores para que gestione esa condición ante la Justicia estadounidense.

Según la legislación guatemalteca, es el presidente de la República quien, a pesar de las decisiones del Poder Judicial en este tipo de proceso, debe autorizar la extradición de un guatemalteco para que sea procesado en otro país.

El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, ha asegurado en repetidas ocasiones que está dispuesto a dar luz verde a la extradición de Portillo, con el argumento de que no puede ir en contra de las decisiones de los tribunales.

En mayo pasado, un tribunal penal de Guatemala absolvió a Portillo de un proceso por el delito de peculado o malversación de fondos públicos de unos 15 millones de dólares, una polémica decisión que fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia por los acusadores: la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ese fallo también benefició a Eduardo Arévalo Lacs y Manuel Maza, exministros de la Defensa y de Finanzas (Hacienda), respectivamente, quienes según la parte acusadora formaban parte de la "estructura criminal"dedicada a desfalcar al Estado durante el Gobierno de Portillo.

El abogado Telesforo Guerra, defensor de Portillo, dijo este viernes que el fallo de la Corte de Constitucionalidad "no estuvo apegado a derecho"porque las autoridades estadounidenses no presentaron pruebas contundentes en su contra.

Además aseguró que el caso "perdió sentido"en el momento en que Portillo fue absuelto por la Justicia guatemalteca que lo halló inocente de los cargos de que se le acusó.

La Justicia de Francia también tiene abierta una investigación en contra de Portillo porque habría lavado dinero mediante el sistema financiero y bancario galo.

Portillo, cuyo Gobierno es considerado por analistas locales como uno de los más corruptos de la historia reciente de Guatemala, fue detenido en enero de 2010 cuando pretendía huir hacia Belice.