Ajustes imprescindibles

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció ayer una reducción de consejerías en su Gobierno regional, las cuales pasarán de diez a siete. Esta medida ya tuvo un antecedente en 2008, cuando Barreda eliminó cuatro de las 14 consejerías existentes. Algunas comunidades, y sobre todo el Ejecutivo central, deberían tomar buena nota de esta iniciativa, muy pertinente en estos tiempos de crisis, que exigen más que nunca un modelo en el que prime la austeridad y la racionalización de los recursos. Porque lo cierto es que los mensajes apelando a la mesura en el esquema de nuestros gobiernos nacionales y autonómicos no terminan de cristalizarse en hechos concretos. Sólo hay que reparar en la actitud del presidente del Gobierno. Insiste en que la mesura debe ser el camino a seguir para remontar la crisis, pero se resiste a reducir las carteras ministeriales, como le ha pedido el resto de los partidos políticos, especialmente el PP, con insistencia. Así, ministerios que ahora mismo, por volumen de trabajo y competencias, son perfectamente prescindibles, como Vivienda, Igualdad y la tercera Vicepresidencia del Gobierno, permanecen, para desventura de nuestro erario público. Mientras el Gobierno permanece enrocado en su decisión de no renunciar a ningún ministerio, la Comunidad de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo impulso a estos ajustes tan necesarios, que ya han emprendido gradualmente otras comunidades autónomas como Madrid –que ha reducido de 15 a 9 el número de sus consejerías–, Andalucía –de 15 a 13–, Baleares, Navarra y Galicia, al tiempo que la Generalitat Valenciana y Canarias lo están estudiando. De más está decir que este recorte no puede ser más oportuno, no sólo a efectos prácticos, sino también a efectos de imagen de cara a la opinión pública, que puede percibir, y así lo parece, que el modelo autonómico está magnificado tanto en consejerías como en organismos que están bajo sus competencias. Sería un error mayúsculo que las autonomías fuesen ahora cuestionadas porque la opinión pública las identificase con entes que, ajenos a la situación actual, se entregan alegremente al despilfarro y por las cuales pagamos un coste excesivo. Esa percepción sería nefasta, por lo que son bienvenidas todas las iniciativas necesarias para que no tome cuerpo esta impresión. Si a la sociedad se le está pidiendo que se apriete el cinturón para superar esta crisis económica, qué menos que los poderes públicos sean los primeros en dar ejemplo. Por eso hay que agradecer a algunos dirigentes autonómicos que hagan ni más ni menos que lo que tienen que hacer: reducir consejerías y organismos, iniciar una etapa en la que prime el ahorro y, sobre todo, transmitir a los ciudadanos que cada euro que se maneja está bien aprovechado. Algunos presidentes autonómicos ya han emprendido medidas para reducir el tamaño de sus administraciones, que, como se ve ahora claramente, en época de bonanza eran desmesuradas en la mayoría de los casos. Sería deseable que lo hiciesen todos y que de esta crisis económica se extrajese una lección para el futuro: estas administraciones serán útiles siempre y cuando se ajusten a la medida real de las necesidades de la sociedad que las sustenta con sus impuestos.