Cada piso de alquiler que impulsó el PSOE costó 5000 euros a los españoles

La ministra de Fomento, Ana Pastor, reconoció que cada piso arrendado por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), una entidad que el Gobierno decidió disolver el pasado 16 de marzo por razones económicas, costaba a los españoles 5.000 euros.
 En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pastor puso como ejemplo el caso de la SPA, actualmente en fase de liquidación, para justificar el ahorro que va a obtener el Ministerio de Fomento con su disolución así como el importe adicional que va a dejar de gastar.
El departamento que dirige Ana Pastor anunció recientemente que el cierre de las cuentas de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) arroja unas pérdidas acumuladas de más de 45 millones de euros. En este sentido, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, señaló entonces que el impacto real de este organismo (que se creó en 2005 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) y su intermediación en el mercado de la vivienda se ha acreditado «bastante insuficiente e incluso ineficiente».
Tras el acuerdo de disolución de este organismo, Fomento indicó que el Gobierno estaba llevando a cabo una disolución ordenada de la entidad y que está negociando con los sindicatos y los trabajadores un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y planteando una disolución sobre la sucesión de los contratos que venía manteniendo hasta el momento.
El objetivo es que haya una subrogación, bien con el Ayuntamiento de Madrid o bien con las comunidades autónomas, de forma que se garanticen las compromisos adquiridos con los propietarios e inquilinos, que van a continuar estando atendidos «dentro del contexto de la administración pública adecuada para llevarlo a cabo», ya que la Administración central debe dedicarse «a otras cosas».
Los trabajadores de la Sociedad Pública de Alquiler han protagonizado concentraciones diarias frente a su sede para reivindicar la viabilidad y la necesidad del organismo en una coyuntura económica como la actual y denunciar que su cierre dejará sin trabajo a una plantilla de 59 personas.