Montoro dice que negocia con Cataluña privatizaciones de servicios públicos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que "la privatización de determinados ámbitos de servicios públicos"es un aspecto del plan de ajuste que se está negociando con la Generalitat.

En declaraciones a los periodistas tras pronunciar una conferencia organizada por el Círculo de Economía, Montoro ha hecho este comentario al referirse al plan que se negocia con la administración catalana, que como el resto de comunidades necesita del visto bueno de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este jueves 17.

"Seguimos trabajando con la Generalitat en su plan para que quede completo y para que sea fiable, sea creíble y sea realista, también en lo que se refiere a políticas que a través de la privatización de determinados ámbitos de servicios públicos pueda completar la consecución del objetivo de déficit público", ha afirmado Montoro, que no ha precisado a qué ámbitos afectarían estas privatizaciones.

El gobierno catalán se enfrenta al desafío de tener que reducir el déficit público del 3,72% del PIB de 2011 hasta el 1,5% a finales de este año, una rebaja que fuentes parlamentarias ponen en duda que sea posible cumplir en un solo año.

Más allá de las dudas acerca de la capacidad de Cataluña para rebajar su déficit público hasta ese nivel, el Govern admite oficialmente que debe ajustar más de 1.500 millones de euros este año, una cantidad que otras fuentes sitúan en torno a los 2.000 millones.

Para hacerse una idea de la dimensión del ajuste, cabe recordar que la segunda rebaja salarial a los funcionarios catalanes ayudó este año al gobierno catalán a recortar sólo 625 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat para 2012.

Por otra parte, persiste la duda sobre si la Generalitat sigue haciendo constar como ingreso en el plan de ajuste los 211 millones que el Estado debe a la Generalitat en cumplimiento de la liquidación de 2009 de la disposición adicional tercera del Estatut.

Las fuentes parlamentarias consultadas creen que la Generalitat ya ha renunciado a hacer constar esos 211 millones como ingresos, dado que, según la ley de estabilidad presupuestaria, la Generalitat está "obligada"a acordar con Hacienda dicho plan de ajuste si no quiere exponerse a las "medidas coercitivas"previstas en la ley.