Carreteras más inseguras

Acentuar y multiplicar las medidas para consumir menos combustibles y lograr una mayor eficiencia energética es no sólo encomiable, sino muy necesario. Pero no se pueden improvisar ni anunciar con cuentagotas, sin coordinación y al buen tuntún, que es lo que está haciendo el Gobierno desde que el pasado viernes avanzó una rebaja de la velocidad en autovías y autopistas. Por si el incendio causado por esta iniciativa no fuera suficiente, el ministro de Fomento, José Blanco, ha echado más gasolina al fuego al declarar que planea reducir la iluminación en las carreteras del Estado para ahorrar la mitad de la factura eléctrica. ¿Son medidas adecuadas o se trata de señuelos para no afrontar la cuestión de raíz? De entrada, no parece que la reducción de la velocidad en 10 km/h suponga un ahorro apreciable, como han certificado los expertos. El hecho de que varios ministros hayan discrepado en público sobre su eficacia demuestra que se trata de una medida alocada, inconsistente y baladí. Además, resulta revelador que un país como Holanda, donde los combustibles son más caros que en España y cuya dependencia energética del exterior es tan elevada como la nuestra, haya tomado una decisión en la dirección opuesta: subir el límite de velocidad a 130 km/h. Al parecer, Gran Bretaña también estudia secundarla «para ahorrar combustible». Conscientes, tal vez, de que el argumento del ahorro se desvanece, desde el Gobierno se ha ensayado en las últimas horas otro discurso: el de la seguridad. Tanto el presidente como Rubalcaba han subrayado que reduciendo la velocidad se producirán menos accidentes y menos muertes. Es muy discutible que los efectos sean mínimamente relevantes, pues hay que recordar que la gran mayoría de los siniestros mortales se producen en las carreteras secundarias y de doble dirección, no en las autovías y autopistas, que es donde se ha rebajado la velocidad. Pero es que además este discurso de la seguridad choca frontalmente contra la medida anunciada por Blanco de reducir a la mitad la iluminación en las carreteras del Estado. No se necesita echar mano de sesudos estudios sobre la relación entre seguridad e iluminación, que los hay y son muy concluyentes, para adelantar que si se lleva a cabo la drástica decisión de Fomento se incrementará de modo sensible el número de accidentes. La iluminación de carreteras y autovías en aquellos trazados más conflictivos, peligrosos y de proximidad a núcleos urbanos es una necesidad vital para evitar accidentes, como así se demuestra estadísticamente. Por tanto, resulta inviable la pretensión de Fomento, por más que la trata de disfrazar con otras excusas, como la de sustituir por «leds» las actuales bombillas. Cualquier técnico del Ministerio de Industria sabe que no se puede cambiar de tecnología sin renovar la infraestructura básica que la soporta, y modificar el alumbrado supondría un coste que, en esta coyuntura, es inasumible para Fomento. Es difícil saber qué pretende conseguir el Gobierno con éstas y otras ocurrencias, pero una cosa es segura: no logrará ningún ahorro significativo y aumentará el riesgo en las carreteras.