Escándalo sexual en IU

MADRID- La mezcla de política y relaciones sentimentales puede resultar una combinación explosiva. Y si no, que se lo pregunten al diputado regional y secretario de Organización de Izquierda Unida, Miguel Reneses, a quien el Tribunal Superior de Justicia le ha imputado un delito de acoso sexual, según figura en el auto del proceso al que ha tenido acceso Europa Press, y le ha impuesto una fianza de 100.000 euros. La truculenta historia se remonta a hace casi una década, entre los años 1995 y 1999, cuando tanto Reneses como Josefa Conde, la denunciante, eran compañeros en la corporación municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Una corporación que, curiosamente, preside ahora la mujer de Reneses y la primer teniente de alcalde del municipio, Teresa Fernández.

Una «fuerte atracción sexual»
En aquella época, según ha declarado la denunciante, existió entre ambos «una fuerte atracción sexual que les llevó a mantener frecuentes encuentros para satisfacer sus apetencias». Un hotel, que el propio Reneses reservaba, era el escenario de unos encuentros que, según la denunciante, no tuvieron nada de anormal hasta tres años después. Un agente de la Guardia Civil, que se cruzó en la vida de Josefa en 1998, truncó el idilio y encendió la mecha de un supuesto acoso sexual del que el tribunal observa «indicios razonables».

El agente de la Benemérita y la concejala contrajeron matrimonio e iniciaron su vida conyugal en el cuartel de Pinto. Según se relata en el auto de apertura del procedimiento contra el diputado de IU, Reneses insistió «en forma persistente» para continuar con una relación cuyo final «no aceptó de buen grado».

Reneses, cuyo caso se ha elevado al TSJM por su condición de aforado, llamaba continuamente al domicilio conyugal de Pinto y posteriormente al de Batres, donde la pareja se mudó. El rechazo por parte de Conde le costó su puesto de trabajo y así se recoge en el escrito del juez: «Para ejercer presión sobre ella», el ahora diputado regional consiguió que no figurase como aspirante al cargo de concejala por Fuenlabrada».

El acusado, dice el auto, no cesó. Continuó requiriendo a Conde para que se desplazara a Madrid con él y asistiera a «inexistentes» reuniones del partido con las que buscaba «engatusarla» y «ocupar una habitación del mismo hotel» que en el pasado Reneses reservaba para sus encuentros.

Aunque no pudo concurrir a las elecciones, Conde sí consiguió ser nombrada directora de Transportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada, un puesto que sin embargo tenía trampa. Y es que, según el escrito del TSJM, se le asignó un despacho sin ordenador, algo que la denunciante achacó a «una decisión inspirada por Miguel Angel Reneses» para conseguir recuperarla. El trabajo continuó siendo el método de presión del acusado cuando, en 2003, la denunciante se quedó en el paro. Dice el auto que en los dos años en los que Conde estuvo buscando trabajo, Reneses le ofreció un puesto que ésta tuvo que rechazar pese a las dificultades económicas que comenzó a tener y a pesar de que le dijo que si retomaban su relación su situación «cambiaría de modo radical» y recuperaría su actividad política. Pero Conde rechazó la oferta. El motivo: cada vez que el diputado de IU se cruzaba con la ex edil «intentaba abrazarla y manosearla», según recoge el escrito. El trabajo al que pudo tener acceso la denunciante era como parte de los servicios administrativos de la Asamblea de Madrid. La denunciante asegura que, según Conde, quien tramitaba ese trabajo era el entonces consejero de Transportes, Francisco Granados. En este tiempo, el auto recoge cinco ingresos en centros hospitalarios por intentos de suicidio mediante la ingesta de medicamentos por parte de la denunciante. Incluso, Trabajo le asignó en 2008 una declaración de incapacidad laboral permanente absoluta mientras que la Comunidad de Madrid le concedió en 2011 un grado de discapacidad psíquica del 47%. Ante esto, el magistrado de la causa ordenó un reconocimiento psiquiátrico, en el que Conde achaca a la situación de acoso de este superior el origen de su situación mental.

Un caso que ha dividido a IU
Los escándalos de Reneses han provocado la apertura de una investigación interna en el seno de Izquierda Unida que se ha resuelto sin consecuencias para el diputado regional. A finales del año pasado, cuando los líos de faldas del secretario de Organización de la coalición salieron a la luz, un concejal de IU en San Sebastián de los Reyes pidió su inmediata dimisión al propio coordinador federal de la formación, Cayo Lara. Pero esta denuncia no tuvo las consecuencias esperadas. Además de no emprender acciones contra el denunciado, el partido abrió un expediente al edil de San Sebastián de los Reyes. Los hechos que se le imputan son, según aseguró el propio Reneses en declaraciones a Ep, «una estrategia de venganza política y personal por parte de sectores interesados y antagónicos».

Ayer a este diario le fue imposible ponerse en contacto con el gabinete de Gregorio Gordo para conocer si esta vez se tomarán cartas en el asunto. Fuentes de IU en la Asamblea confirmaron, sin embargo, que a nivel parlamentario el portavoz adjunto de IU en Vallecas continuará en su puesto con total normalidad hasta que se resuelva el auto judicial.