Las actas del Consejo de Gobierno ya están en un armario acorazado

SEVILLA- Ni la custodia de los diamantes de Tiffani levanta tanta expectación como las 480 actas de los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía de la última década, que ya se encuentran en un armario acorazado de los juzgados sevillanos, con cámaras y personal de seguridad 24 horas.

Ante el segundo ultimátum de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien el lunes instó a la Junta a que entregara en un plazo de 72 horas las actas desde el año 2001, ya que, de no hacerlo, el incumplimiento de esta medida cautelar supondría un delito de desobediencia a la autoridad judicial, el Gobierno andaluz accedió a trasladar los documentos, pasadas las dos de la tarde, en once sobres lacrados.

El llamativo operativo de custodia no ha sido fácil de acordar entre las partes. Tras varios contactos a lo largo de esta semana, se cerró en un último encuentro ayer por la mañana. En la recepción, previo desfile del armario acorazado, estuvieron presentes el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, el comandante de la Guardia Civil encargado de la seguridad de los juzgados y la juez instructora del caso, Mercedes Alaya.

Una vez completado este trámite, en el que ha quedado de manifiesto la desconfianza entre la Junta y la juez –quien receló incluso en un auto de que las actas pudieran manipularse–, ahora el juzgado, una vez que la Junta ha remitido un requerimiento de incompetencia a la juez, elevará este contencioso al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo, quien tendrá que pronunciarse. El plazo puede prolongarse entre tres o cuatro meses, pasadas ya las elecciones de mayo.

La Junta avanzó el pasado 29 de marzo que se negaba a acceder a la petición de la juez de remitir todas las actas de los consejos de gobierno desde el 2001. Ese año se produjo un movimiento clave en la madeja de la trama: la Consejería de Empleo y el extinto IFA –ahora IDEA– firmaron un convenio por el que las ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis pasaban a tramitarse a través de una transferencia de financiación de explotación y desde entonces no pasaron ni por el Consejo de Gobierno ni por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja). Más de 700 millones se han librado hasta 2010 siguiendo este procedimiento opaco, sobre el que alertó al menos en siete ocasiones entre 2002 y 2008 la Intervención General de Hacienda, ya que se estaban produciendo desajustes presupuestarios y la Dirección General de Empleo tramitó las subvenciones «prescindiendo de la forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».

El Gobierno andaluz se aferra a la Ley 6/2006 del Gobierno de la Comunidad Autónoma, que establece en el artículo 31 que «las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como las opiniones o votos emitidos en él, tendrán carácter secreto». La alternativa que ofrece la Junta es ofrecer una certificación de los acuerdos o informes concretos tratados en el Consejo de Gobierno sobre los asuntos que la juez considere relevantes.

Alaya, sin embargo, ya dejó claro en el auto del 30 de marzo que las actas «ni son reservadas ni son secretas», ya que no ha solicitado las deliberaciones sino las «las actas con los acuerdos».

Lo que quiere conocer la juez, tras el examen de las actas, es si efectivamente se ha producido un delito de prevaricación, ya que el procedimiento sobre el que alertó reiteradamente la Intervención se utilizó «con el indiciario conocimiento de su ilegalidad».

Además, trata de despejar otras incógnitas en relación a las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno: si el convenio con el IFA contó con el «amparo» de la Junta o si tras expirar, en diciembre de 2003, tomó algún tipo de decisión. El último círculo se cierra en torno a Griñán, quien fue consejero de Economía desde 2004 y quien debió conocer las advertencias de la Intervención sobre las irregularidades en el proceso.