El coste de la secesión

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desnudó ayer la apuesta independentista de Artur Mas al situarla en sus justos términos: una huida hacia el limbo de quien no ha tenido agallas para enfrentar la crisis económica y social que, al igual que el resto de España, sufre Cataluña. Pero es una crisis que tiene, sin embargo, un elemento diferenciador de relevancia: el alto coste de la construcción de unas entidades administrativas que pretenden replicar un modelo de Estado. Baste señalar que los recortes aplicados por la Generalitat en Sanidad y Educación –unos 800 millones de euros aproximadamente–, que han supuesto, entre otras cosas, la pérdida de 7.767 puestos de trabajo en hospitales y ambulatorios y que las listas de espera quirúrgicas se hayan disparado un 23 por ciento, representan casi el mismo importe de lo que se dedica a la radiotelevisión pública catalana, a la red diplomática y a los consejos comarcales, cuyas funciones se solapan con las que desempeñan las diputaciones. Un reparto presupuestario cuyo debate público ha sido cínicamente hurtado a los electores y sustituido por el espantajo del proyecto secesionista.
 Llegados a este punto, los promotores de la independencia catalana deberían explicar cuáles son los costes y las consecuencias que deberán afrontar los ciudadanos de Cataluña en la hipótesis secesionista, aunque sólo sea a título de ejercicio intelectual. Por ejemplo, que la salida de la Unión Europea supone la expulsión de la Unión Aduanera, del Euro y del territorio Schengen; la vuelta a los visados y a las trabas fronterizas; la inexorable deslocalización de las grandes multinacionales y la pérdida del mercado español. Tendrían que explicar también que en el eventual referéndum debería empezar por definir quién tiene derecho a voto y si éste incluiría a los nacidos en Cataluña, pero que viven fuera de la región; que a los pueblos o entidades territoriales que votaran contra la separación les asiste el derecho a pedir protección al Estado, con el consiguiente enfrentamiento social. Que aunque España, tras un largo paréntesis y la asunción por parte de una Cataluña independiente de la parte alícuota de la deuda –tendrían que hacerse cargo de unos 150.000 millones de euros–, estuviera dispuesta a aceptar su ingreso en la UE, serían claramente vetados por otros socios como Francia, Italia o Alemania, que también tienen territorios con aspiraciones secesionistas y temen reacciones en cadena.
Éstas son algunas de las cuestiones que están sobre el tapete, pero que los secesionistas prefieren hurtar, una vez más, del debate político, como ya han hecho con los recortes en Sanidad y Educación, mientras mantenían las subvenciones identitarias. Cuestiones que el elector debe poder valorar en su justo término antes de acudir a las urnas.