Moratalaz
La Policía desaloja la sede «oficial» del 15-M y «cuna» del 25-S
La casa «okupa» Casablanca, en Atocha, era el punto de reunión de «indignados»
MADRID-El número 23 de la calle Santa Isabel, propiedad de la inmobiliaria Monteverde, llevaba «okupado» desde mayo de 2010, un año antes del primer 15-M. El edificio, que ayer fue desalojado a primera hora de la mañana por orden judicial, era uno de los centros sociales «okupados» más importantes de la capital, junto con La Tabacalera o El Dragón, porque allí se han gestado movimientos como el de los «indignados» o la polémica «Semana Santa atea», que derivó en la «marcha atea» que se celebró en verano de 2011 durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Madrid. En el interior del edificio se han celebrado cientos de reuniones, asambleas, talleres, charlas y proyecciones, dirigidos a un público antisistema. La propietaria del edificio denunció la ocupación del mismo y ayer los agentes del grupo XXI de la Brigada Provincial de Información, en colaboración con la UIP, procedieron a su desalojo tras la orden de desahucio emitida por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid.
En el momento de la entrada, sobre las 7:30 horas, no se encontraba nadie en el edificio, aunque la Policía encontró indicios de que sus ocupantes pudieron escapar por la azotea.
El edificio, considerado la sede de los «indignados», también servía de almacén para los documentos y archivos que guardaban sobre el 15-M. De hecho, junto a La Tabacalera, fue lugar de reunión de los activistas durante los primeros meses del movimiento debido a su cercanía con la Puerta del Sol. La noticia del desalojo corrió como la pólvora por las redes sociales y un par de horas después cerca de 200 personas se concentraron en el exterior de la casa «okupa» como muestra de apoyo al movimiento. Durante la protesta hubo pequeños enfrentamientos entre los antisistema y la Policía porque muchos de ellos querían entrar en el interior del edificio para recoger «pertenencias comunes», según fuentes policiales. Uno de los protestantes, Carlos C.C., de 58 años y sin antecedentes policiales, fue detenido por un delito de atentado contra agente de la autoridad tras presuntamente agredir a uno de los policías que habían participado en el dispositivo. Ayer, se encontraba en la comisaría de Moratalaz, sede de la Brigada de Información, para prestar declaración policial, según un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Además de gestar el movimiento «indignado», el inmueble también ha sido cuna de ideas como la Semana Santa «laica» en marzo de 2011 o la «marcha atea», una manifestación de protesta contra la Iglesia –autorizada por la entonces delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión (PSOE)– celebrada durante la visita del Papa Benedicto XVI y miles de jóvenes religiosos en agosto del año pasado y que terminó en una carga policial. Durante la primavera de ese año, antes de la Semana Santa, se celebró en la «okupada» Casablanca una reunión –que contó con la presencia del polémico Leo Bassi– para preparar una procesión atea por las calles de Madrid los mismos días en que salían los pasos tradicionales. Finalmente fue desautorizada y no se celebró. Aunque el desalojo del inmueble ya sea un hecho, los «okupas» amenazan con su archiconocido «un desalojo, otra okupación» por lo que ya pueden andarse con ojo los propietarios de edificios vacíos.
La última oleada de «okupaciones», que se produjo el pasado mes de noviembre (tras el 15-O, otra de las efemérides de los «indignados», y el desalojo del hotel Madrid, donde ellos se habían instalado) desencadenó el pánico entre los propietarios de edificios en desuso del centro y algunos tabicaron la fachada, como los cines Madrid, en la plaza del Carmen.
«No se investiga a los líderes del 15-M»
El 25-S está a la vuelta de la esquina (quedan sólo cinco días) y los «indignados» más radicales preparan el «Toma el Congreso», un movimiento que, en parte, se estaba organizando en la «okupada» Casablanca. Pese a estar tan cercana esta fecha, la Policía insistió en que no se trata de ninguna estrategia para boicotear el 25-S, ya que el desalojo de ayer obedece a una orden judicial. «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no desarrollan investigación policial alguna sobre la constitución de asambleas populares abiertas y organizadas en comisiones del movimiento 15-M, ni de las personas vinculadas a las mismas», explicaron ayer desde el Ministerio del Interior en respuesta a una batería de preguntas realizadas en mayo en el Congreso, según recogió Europa Press.
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