Sanidad consuma la «guerra» contra bollos y golosinas

Orientativo, sujeto a condiciones, sin carácter ejecutivo por no revestir rango de ley... El Ministerio de Sanidad no ha cejado durante toda la semana en sus intentos de rebajar la tensión con la industria alimentaria. El motivo de que otro sector empresarial se eche ahora encima del Gobierno por culpa del departamento de Trinidad Jiménez, después del conformado por los hosteleros a raíz de la ley antitabaco, es un documento sobre la alimentación en los centros educativos, al que Sanidad denomina «de consenso», pese a que las principales compañías alimentarias aseguran desconocerlo. Algunas acusaban incluso el lunes al Ministerio de desleal y decían sentirse traicionadas. Ayer, en el pleno del Consejo Interterritorial, el máximo órgano de coordinación sanitaria autonómica, los altos cargos trataron de nuevo de quitar peso al asunto. Documento de consejos, hoja de ruta, mera recomendación... Todo fueron de nuevo buenas palabras, pero el texto salió adelante con el marchamo de las comunidades. Protagonismo mediáticoIncluso, restó protagonismo mediático a otras medidas de más enjundia en el sector como el copago, del que la consejera catalana Marina Geli se erigió de nuevo en adalid; el nuevo sistema de precios de las medicinas, que vuelve a complicar su labor a los boticarios; las listas de espera... y el tan nombrado como etéreo pacto que el Gobierno trata de fraguar para blindarse de cara a la adopción de medidas impopulares. En este sentido, el consejero madrileño Javier Fernández-Lasquetty sintetizó la opinión de sus colegas de partido de otras autonomías: «La obesidad nos preocupa, pero creemos que ahora hay asuntos más prioritarios ante la grave situación que atraviesa el sistema sanitario». Sanidad justifica el documento: el 7 por ciento del gasto sanitario corresponde a la obesidad, según sus datos. Jiménez, además, recalcó que entre los alimentos que se retirarán de las escuelas no estará «el clásico bocadillo», informa Ep.El texto, adelantado por LA RAZÓN el 13 de julio, no suscita entusiasmos en las patronales alimentarias, ni en los médicos, que lo consideran superfluo a la hora de combatir la mala alimentación de los menores. Pese a ello, acota los productos que deberán quedar desterrados de los colegios, dando un paso más allá de lo fijado en el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria, que habla de prohibir «la venta de alimentos con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares sencillos, ya sea mediante máquinas expendedoras o en cantinas o locales similares en centros escolares». Carácter prohibitivoAsí, cita ya como productos a desterrar los «refrescos, caramelos, golosinas, polos y sorbetes, chocolates y aperitivos salados». El marco de este veto también aparece concretado: «Los centros educativos en los que se impartan enseñanzas en régimen general o especial, en los que se suministre al alumnado cualquier tipo de alimentación». Y frente a lo que pregonan en voz alta los altos cargos, el carácter prohibitivo se esparce por el documento, con expresiones como «parece necesario limitar el consumo de estos productos y ofrecer opciones saludables, lo que significa la exclusión de alimentos y bebidas con escaso valor nutricional». En este sentido, el documento veta también «la instalación de máquinas expendedoras en aquellas zonas donde pueda tener acceso a ellas el alumnado de Educación Infantil, Primaria y/o Educación Especial». Además, se eliminará la publicidad de las máquinas situadas en zonas de Educación Secundaria.