El peaje a debate por José Clemente

La Razón
La Razón FOTO: La Razón

Los españoles debemos acostumbrarnos a pagar los servicios que utilizamos, tal y como hacen la inmensa mayoría de nuestros socios de la Unión Europea y está generalizado en prácticamente todo el mundo occidental, con las lógicas excepciones que siempre deben acompañar estas impopulares medidas de choque. Con la crisis económica más dura de los últimos decenios sobre nuestras cabezas el «gratis total» ha llegado a su fin, no por la capacidad predadora de los gobernantes de turno, sino como principio activo de que todo en esta vida tiene un valor y más aún cuando se trata de aquellos países pudientes frente a los que no sólo no lo son o malviven con lo poco que tienen. Igual que pagamos el agua para regadío o abastecimiento, la reserva de hotel, la entrada en el museo o la limpieza del aire que respiramos, debemos sufragar también el uso de los servicios que implica elevados costes para el Estado de Bienestar, el mantenimiento de nuestra Sanidad y la gratuidad de buena parte del sistema educativo, porque sólo así lograremos perpetuar ese bienestar social al que nos aferramos con uñas y dientes, especialmente quienes menos hacen por mantenerlo, como las centrales sindicales y quienes siguen apoyando la gratuidad de unos servicios que pagamos entre todos sin aportar ninguna otra alternativa posible.

Y quien debe hacer frente en primer lugar a ese copago de los servicios no es otro que el usuario de ellos, y cuando se trata de servicios sanitarios o educativos generalmente extendidos deberemos actuar a favor de su sostenibilidad la mayoría de la población, el llamado contribuyente, con las lógicas excepciones citadas anteriormente según se trate de jubilados, trabajadores sin cobertura alguna o cuantas otras situaciones el legislador deberá tener en cuenta por razones sociales, económicas o de simple sensibilidad en cada caso concreto. No olvidemos que los servicios públicos o privados que se dan a la sociedad requieren cada cierto tiempo de nuevas inversiones para que su estado permanente de revista sea el que todos deseamos en aras a su máximo rendimiento y seguridad, como es el caso de la red viaria nacional y de las autovías y autopistas por las que transitamos a menudo.

Al igual que hace pocas semanas era el copago sanitario el que llenaba las portadas de los periódicos con el proyecto del Gobierno para imponer una tasa por receta y otros servicios de la Sanidad que aliviasen en buena medida la situación de su colapso financiero, ahora lo es el anuncio realizado días atrás por el Ministerio de Fomento sobre la posibilidad de implantar un peaje en las cuatro autopistas radiales de Madrid con el objetivo de equilibrar las deficitarias cuentas de estas grandes redes, a cambio de prolongar las concesiones del resto de autopistas españolas, entre ellas la AP-7 y la AP-2. Un peaje con el que buscaría rescatar de paso aquellas autopistas deficitarias en otros puntos del territorio nacional como la de Madrid-Toledo, Madrid-Cuenca, Zaragoza-Castellón o Cartagena-Vera, pero que ha sentado como un tiro a aquellos otros «usuarios forzados» desde hace tiempo en Barcelona y País Vasco, donde tienen las vías más antiguas de España que, además de haber sido amortizadas hace tiempo, son de paso obligado para entrar o salir de la Ciudad Condal a para trasladarse de Bilbao a Behobia. No entraré en los motivos políticos que mueven a los independentistas a defender el antipeaje en esas grandes carreteras, aunque si en que pese a haber sido amortizadas siguen acaparando cuantiosas inversiones en su mantenimiento, próximo a los 800 millones de euros entre 2007 y 2010.

Pero lo importante ahora en el momento del debate nacional sobre peaje sí, o peaje no, estriba en la necesidad del mismo como fórmula futura para el mantenimiento de dichas vías o, por el contrario, no contribuirá sino a perpetuar una situación que deviene en un desafuero. No olvidemos tampoco que sobre nuestras cabezas pende cual espada de Damócles la conocida «Euroviñeta», que busca gravar mediante un peaje o una tasa similar el transporte de mercancías por carretera y que antes o después acabará siendo impuesto desde Bruselas. Por lógica cartesiana el peaje debería existir en nuestras autopistas por ser caras de construir y con una existencia limitada a su uso y al paso del tiempo, y cuya mejora requiere de «parcheos» programados y arreglos periódicos. En estos difíciles momentos económicos el Gobierno ya ha anunciado un presupuesto casi cero para este tipo de carreteras y con cargo a las arcas de las comunidades autónomas, lo que hace, como en el caso de la Generalitat catalana que ese asunto sí se plantee. Al igual que con el copago sanitario, el resto de territorios ya viene detrás intentando aplicar igual medida, no por injusta, en la que nadie entra, sino por necesaria.

Otra cosa será su regulación futura en todo el ámbito nacional, pues eso demandará consensos donde no los haya y acuerdos con las concesionarias para que costes y beneficios se distribuyan sin recargos a ninguna de las partes implicadas. También es cierto que esta situación que ahora se plantea abre un segundo debate relacionado con la necesidad de esas autopistas, y tanto como su necesidad su rentabilidad futura, porque no puede haber aeropuertos con ocho pasajeros, altas velocidades ferroviarias con once viajeros, ni autopistas de las que se salen los conductores para enlazar con las nacionales de toda la vida que discurren de forma paralela. Ábrase ese debate en positivo para aprender de lo que hicimos mal y no repitamos los errores que sangran nuestros esquilmados recursos económicos.