Ofensiva contra el fraude

MADRID- El tercer Consejo de Ministros del Gobierno popular volvió a ser intenso en el análisis, aunque esta vez sobre la mesa no hubo nuevos ajustes de traslación directa al Boletín Oficial del Estado ni tampoco figuraron ninguna de las reformas estructurales de enjundia que han sido anunciadas para la agenda de los tres primeros meses del año. Para combatir el efecto doloroso del primer recorte del gasto público, acompañado de la inesperada subida impositiva, el Gobierno «ataca» con un sonoro plan de lucha contra el fraude fiscal, con el que aspira a recaudar 8.171 millones de euros este año, y con el aviso de que ya ha puesto en marcha la poda de la grasa de la Administración central (en el sector público empresarial) y de que también presionará a las demás administraciones territoriales, especialmente a las comunidades, para que se impliquen más en la reducción del déficit y metan la tijera a su sobredimensionado sector público.

Dos anuncios para actuar por la vía de los ingresos sin intervenir directamente en el ya perjudicado bolsillo del ciudadano, que, además, Moncloa envolvió ayer con otra denuncia de agujero en las arcas públicas, esta vez en la Seguridad Social. La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, solemnizó que el Ejecutivo saliente les ha dejado en herencia un déficit de 668 millones de euros en la Seguridad Social, el equivalente al 0,06 por ciento del PIB. Una cifra que queda lejos de la previsión del Gobierno socialista en los anteriores Presupuestos, que fue un superávit del 0,4 por ciento del PIB. Es el primer desfase entre ingresos y gastos en el sistema de pensiones desde que la Seguridad Social dejó de financiar completamente la sanidad pública en 1999. «La realidad es más dura de lo previsto y también las medidas son más duras de lo que esperábamos y de lo que nos gustaría que fueran», explicó la portavoz. Y quedan más en los próximos meses, como bien dio a entender.

Hasta febrero no se conocerá la cifra oficial del cierre del déficit global en 2011, y por eso el Gobierno alega que aunque pronostican dos puntos de desviación, todavía no pueden decir qué parte es responsabilidad de las comunidades, que sí han señalado como las más culpables, y cuál corresponde al Estado. Pero sí dan otra vuelta de tuerca a esa razón de la herencia recibida como justificación de las medidas que proyectan activar en los próximos meses y por eso anuncian que tiene constancia documental del traspaso de poderes de que en ningún momento el Gobierno saliente les comunicó, pese a que se lo requirieron, cuál era su previsión de déficit del año que termina. El dato no les llegó en la reunión con el equipo económico y tampoco después de solicitarla vía fax al Ministerio de la Presidencia, según la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría sí admitió que el anterior secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, les comunicó en el traspaso de poderes que veía muy difícil alcanzar el superávit en el conjunto del ejercicio, aunque, precisó, «nunca se nos dijo que la desviación iba a ser de casi medio punto».

De las futuras decisiones anticipadas ayer, el Plan de Lucha contra el fraude fiscal es otro movimiento que confirma que el PP ha aprendido de los errores del Gobierno socialista, es decir, que se sigue cuidando de compensar las decisiones más impopulares con medidas que abunden en su lema de que será justo y equitativo en sus ajustes, de modo que contribuyan más los que más tienen. Algo de lo que tanto se arrepienten ahora de no haber hecho en las filas socialistas. Entre otras medidas incluye, por ejemplo, la limitación del uso en efectivo para determinadas transacciones y un plan de puesta al día voluntaria de pago atrasado de impuestos, que permita, según la vicepresidenta, dedicar todos los recursos al fraude a gran escala.

En la poda en el sector público empresarial lo que hay, de momento, es una declaración de intenciones. En lo que afecta a la Administración central, el Consejo de Ministros ha requerido informes a todos los Departamentos para tener una radiografía del conjunto de las empresas, fundaciones y consorcios, y decidir a posteriori dónde actúan y con qué mecanismo, si eliminación o fusión. Y en relación a las comunidades autónomas, el Ejecutivo habla de pacto y de diálogo con todas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que convocará en enero para consensuar el recorte de su sector público y nuevas medidas de ajuste del déficit. En la teoría, antes de pasar a la práctica, las urge a cumplir con el compromiso que adquirieron en 2010, en otra reunión del CPFF, para eliminar 514 entidades, si bien, de acuerdo con los datos disponibles, sólo han suprimido 69, lo que representa un 13,4 por ciento. Con eso hoy no basta, y el recorte tendrá que ser mayor.

Eso sí, después de la furibunda reacción al anuncio del ministro de Economía, Luis De Guindos, sobre una posible autorización previa a los Presupuestos de las comunidades autónomas, Sáenz de Santamaría se mostró ayer mucho más conciliadora.