La UE adopta el modelo español «antipiratería»

La UE marcó ayer un importante giro en la lucha contra la «piratería». La Comisión Europea avisó de que en los próximos meses presentará normas para atajar el intercambio de archivos que infringen los derechos de autor a través de los operadores de telecomunicaciones, ya sea porque contravienen ellos las leyes de «copyright» o porque «sistemáticamente y conscientemente» facilitan la violación por parte de otros y se benefician de ello.

Si durante los últimos años la posición de Bruselas, arrastrada por el Parlamento Europeo y los activistas de internet, ha sido mantener una distancia prudente hacia cualquier intervención, corte del servicio o retirada de contenidos, la llegada del comisario francés Michel Barnier, responsable de Mercado Interior –más próximo al interés de su país por preservar el valor y la influencia de la industria cultural– ha provocado un cambio en la dirección, claramente inspirado en las medidas «antipiratería» españolas.

Oferta legal asequible
Barnier presentó ayer en Bruselas sus propuestas para actualizar y proteger los derechos de propiedad en la UE a la luz de la revolución digital e internet, bastante anticuada, según reconoce la propia Comisión Europea. La industria creativa supone el tres por ciento de los empleos en Europa, alrededor de 6,7 millones en 2008. Antes de llegar al palo para castigar las descargas, el galo cree que la industria artística tiene que ofrecer una zanahoria para evitar la generalización de este comportamiento. «Se tienen que desarrollar ofertas de contenido digital legales atractivas y asequibles en paralelo a cualquier medida para reforzar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual», dice la comunicación que presentó ayer Barnier. En la actualidad, los intercambios legales en EEUU quintuplican a los que se producen en Europa.

Durante la rueda de prensa, el comisario indicó que no quiere mantener una actitud «ideológica», lo que se interpreta como una justificación para defenderse de los que le observan como demasiado afrancesado en su defensa de la cultura, ya que «no soy favorable a la criminalización». «Hay que ser pedagógicos con los ciudadanos y luchar con la fuente», añadió y situó en el punto de mira a las plataformas de intercambios de archivos y descargas de música y películas, como hace la ley española. Según explicaron desde su equipo, en la diana están no sólo las webs de enlaces de programas, sino también aquellas que ofrecen descargas de películas o música, como la española seriesyonkis.

El foco estará centrado en los proveedores de servicio, es decir operadores como Telefónica, Jazztel y Vodafone, quienes deberán ejercer de policías para garantizar que se protegen los derechos de autor. Además del sistema español, el marco legal holandés también está sirviendo como referencia para el Ejecutivo comunitario. Aunque están preparando su propuesta legislativa, que llegará el próximo otoño, los responsables europeos explican fuera de micrófonos que la «cooperación» entre todas las partes es el elemento que se quiere primar, como sucede en Holanda, aunque «todas las opciones están sobre la mesa».

Bruselas está preparando un estudio de impacto con las diferentes opciones potenciales, en consulta con las partes interesadas. Por ello, el comisario Barnier rechazó comentar de momento asuntos sensibles, y que son los que más preocupan a los activistas de la red, como la autorización judicial antes de interrumpir el servicio. Las asociaciones de usuarios no tardaron ayer en criticar la propuesta, cuyo contenido ya se conocía desde días atrás, al considerar que convertirá a los operadoresen censores. «Forzará a las compañías que proveen acceso o servidores de contenidos a obedecer a la industria del entretenimiento.

En la práctica, al convertir a estos actores en policías de los derechos de autor se establece un régimen de censura, preparando el camino para violaciones peligrosas de los derechos fundamentales», protestó Joe McNamee, coordinador legal de la asociación Derechos Digitales Europeos (EDRi, por sus siglas en inglés). Poniéndose la venda antes de la herida, la Comisión indica que las propuestas seguirán la Carta de Derechos Fundamentales.
Francia fue el primer país en tomar el camino de las medidas restrictivas contra la piratería, con la llamada ley Hadopi de los tres avisos, en la que se daba hasta tres oportunidades al usuario antes de cortarle la conexión.

Un sistema similar fue adoptado por Irlanda, mientras que España también tomo la vía restrictiva pero centrándose en los proveedores de servicios. En Gran Bretaña, que también ha seguido el mismo camino, las grandes operadoras como BT o TalkTalk se resisten a ejercer de sheriffs del ciberespacio por la oposición que acarrea de los usuarios, y han presentado demandas legales. Por eso, algunos expertos creen que no podrá llevarse a la práctica el forzar a las operadoras a ejercer de censores.

Un canon digital para toda la UE
Barnier también tiene en mente reducir las diferencias en la UE entre los diferentes cánones por copia privada. Tras un primer acuerdo hace dos años para tratar de armonizarlo, el comisario elegirá este año un «mediador independiente de alto nivel» con la tarea de uniformizar en la UE la metodología utilizada para imponer estos cánones, mejorar su administración, sobre todo en lo relativo a los equipos en los que se aplica, la fijación de las tarifas y la interoperabilidad entre los sistemas nacionales, debido a los efectos causados por la disparidad de sistemas de cánones en el mercado interior. Sintetizará sus conclusiones en una propuesta legislativa el próximo año.

El Ejecutivo comunitario quiere, igualmente, crear este año un marco legal para la gestión colectiva de derechos que permita la concesión de licencias paneuropeas. En especial, la Comisión busca establecer para las sociedades gestoras de derecho, como la SGAE, reglas comunes de gestión, transparencia y supervisión, «incluyendo la gestión colectiva de fuentes de ingresos, para así crear un entorno justo para todos los actores: artistas, gestoras de derechos, proveedores de servicios y consumidores». De esta manera, estas sociedades tendrán limitada su capacidad de maniobra para marcar unilateralmente los criterios para el cobro de derechos.

El detalle. En septiembre, las primeras denuncias en España
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos trabaja ya en la presentación de un paquete de denuncias contra páginas web de descarga de contenidos ilegales para finales de septiembre, una vez estén listos el reglamento de la ley Sinde y la comisión encargada de recibir y examinar estas demandas. Así lo adelantó a Efe el director de la Coalición, Andrés Dionis.