«La gente no entenderá el rechazo a la lucha armada»

Madrid- Fue el último gran golpe policial a la ilegalizada Segi, la cantera de ETA disuelta oficialmente el pasado junio. Ahora, los 40 detenidos (la mayoría en noviembre de 2009 en el País Vasco y Navarra) que permitieron descabezar a la organización juvenil proetarra están más cerca de sentarse en el banquillo. La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa, pide doce años de cárcel como dirigentes de ETA a ocho de los procesados, y otros diez años por integración en organización terrorista para los 32 restantes.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, DyJ mantiene que, pese a su ilegalización en 2007, Segi mantuvo su estructura orgánica, aunque «mucho más opaca», sirviéndose de «organizaciones pantalla» y de militantes «desdoblados».
La importancia de Segi para ETA se advierte en un documento intervenido en 2009 a la banda en el que admite que su desaparición «para pasar a la clandestinidad nos condenaría a la muerte».

En otro documento de diciembre de 2008, atribuido por DyJ a «alguna organización de la izquierda abertzale», se define el polo soberanista promovido por la izquierda abertzale como «una alianza electoral y nada más» que persigue «estar presente en las instituciones», lo que precisa de «paradas técnicas» en la violencia terrorista para propiciar «el avance del proceso». En otro apartado se hace hincapié en que «la gente no entenderá si rechazamos la lucha armada».

El escrito, de más de 400 folios, alude a las variopintas formas de financiación a las que recurría Segi: rifas, talonarios de bonos con la foto de presos etarras, «txoznas» y la venta de azucarillos y mecheros a hosteleros.