Un «progresista» presidirá el CGPJ por la división de los «conservadores»

Gonzalo Moliner, miembro de JpD, logró el voto de cuatro de los vocales propuestos por el PP. El nuevo presidente no piensa que el Gobierno vaya a «desmantelar» el Poder Judicial

MADRID- Gonzalo Moliner Tamborero, miembro fundador de Jueces para la Democracia y hasta ahora presidente de la Sala Social del Tribunal Supremo, es el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Con doce votos a favor, el mínimo exigido, cinco en contra y tres abstenciones, sustituirá a Carlos Dívar 26 días después de que éste hubiese renunciado. Moliner obtuvo el respaldo de los vocales «progresistas» Miguel Carmona, que fue quien le propuso, Manuel Torres Vela, Gabriela Bravo, Carles Cruz, Ramón Camps, Margarita Uría, José Manuel Gómez Benítez y Almudena Lastra, así como de los «conservadores» Fernando de Rosa, Concepción Espejel, Antonio Dorado y Claro José Fernández. Los consejeros de la Asociación Profesional de la Magistratura Pío Aguirre, Antonio Monserrat, Manuel Almenar, Gema Gallego y Miguel Collado lo hicieron en contra, mientras que Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Félix Azón –del grupo «progresista»– optaron por la abstención.
Con anterioridad, se procedió nuevamente a votar la candidatura de José Ramón Ferrándiz, magistrado también del Supremo y ex presidente de la APM. Al igual que en los plenos de la pasada semana, obtuvo nueve votos, procedentes de cinco vocales de esa asociación citados anteriormente, Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Félix Azón y Ramón Camp.

Al no lograr los 12 votos requeridos, fue cuando Carmona puso encima de la mesa la candidatura de Gonzalo Moliner. En su escrito defendía la misma al considerar que Moliner tiene «una proyección de futuro para el resto del mandato de este Consejo General del Poder Judicial, al enmarcarse en un espíritu de consenso general en el que la toma de decisiones se lleve a cabo teniendo en cuenta a todas y todos los vocales, con sus distintas sensibilidades y sin exclusiones, tanto los de procedencia judicial, con participación de miembros de las tres asociaciones con presencia en el Consejo, como los no judiciales, en sus distintas procedencias».

Algunos vocales entendieron este párrafo como una velada crítica hacia la labor realizada por determinados vocales significativos de la APM y de Jueces para la Democracia.

Lo cierto es que, a priori, puede resultar llamativo que cuatro vocales «conservadores» propuestos en su día por el PP apoyaran a un candidato progresista, que se ha manifestado en público de forma más que crítica con algunas leyes del Ejecutivo, en especial, con la reforma laboral. Desde fuentes próximas a los mismos se esgrime que ya desde el principio dejaron claro su posicionamiento de no respaldar a Ferrándiz, ya que ello tendría como consecuencia directa e inmediata la salida de Fernando de Rosa de la vicepresidencia y de Gabriela Bravo de la portavocía del Consejo. «Era la única opción de mantener el statu quo que existe en la actualidad, porque no hay que olvidar que el grupo "progresista"tiene mayoría y que a Dívar le nombró Zapatero». Además, entienden que con Ferrándiz en la presidencia las relaciones con el Ministerio de Justicia hubiesen sido más difíciles, sobre todo, tras las duras críticas de la APM hacia la política del ministro Ruiz-Gallardón.

De hecho, aseguran que se ofreció a Torres Vela la vicepresidencia del Consejo y proponer a un portavoz «si apoyaban a Ferrándiz, Souto o García de la Serrana, todos de la APM».

Pero, junto a ello, el malestar de los cinco vocales de la APM que rechazaron la candidatura de Moliner contra los cuatro consejeros «conservadores» que lo apoyaron era también más que evidente. «Se ha perdido una oportunidad histórica de tener un presidente con un perfil determinado. Por supuesto que no cuestionamos al elegido, pero pensábamos que Ferrándiz o Rodríguez Arribas tenían mejor perfil. Habrá que pedir explicaciones a los que no han estado a la altura».

Además, rechazan de forma tajante que la designación de un candidato de la mencionada asociación hubiese afectado a Fernando de Rosa. «Nunca, nunca, se ha cuestionado la vicepresidencia. El tema es que, cuando se olvidan los principios, pues no hay más de lo que hablar».

Mano tendida de Justicia
Al final, con polémica o sin ella, lo importante es que el Consejo y el Tribunal Supremo cuentan ya con nuevo presidente. En sus primeras declaraciones, dijo que afrontaba el cargo con «ilusión» y «miedo» y se mostró en contra de posibles paros judiciales por los recortes salariales y las reformas. También expresó su convencimiento de que el Ejecutivo no tiene la más mínima intención de «desmantelar» el Poder Judicial. «No creo que se esté desmantelando y, si alguien lo intentara, trataremos de evitarlo».

Por su parte, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, calificó de «buena noticia» la elección de Moliner, el cual «cumple con todos los requisitos exigidos». Junto a ello, le ofreció una «total colaboración» y la voluntad de su Departamento para trabajar «conjuntamente» en favor de la Justicia.

 

Perfil / Gonzalo Moliner
Cuestionó la reforma laboral
 por F. V.

Ingresó en la Carrera Judicial en 1970 y 20 años después era nombrado magistrado del Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Social preside desde 1998. Es uno de los «históricos» de Jueces para la Democracia. Recientemente criticó abiertamente la última reforma laboral del Gobierno del PP, hasta considerar que la misma puede rozar la inconstitucionalidad. Lo hizo en una entrevista concedida a la revista «Iuris», en la que tildaba de «tremenda» esa reforma porque afecta «a las bases sobre las que se ha construido el Derecho del Trabajo durante mucho tiempo». Incluso señaló que algunos de los aspectos «rayan la inconstitucionalidad», como los relativos a la libertad sindical. «En algunos puntos, entiendo que la libertad de los sindicatos puede verse afectada, porque la negociación colectiva acaba por diluirse en manos del empresario», explicaba al respecto el nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Además, alertaba sobre el hecho de que el nuevo procedimiento sobre despidos colectivos pueda colapsar, precisamente, la Sala del Supremo que ha presidido en los últimos años.