Nacionalización en tiempos de turbulencias sociales por Tuffi Aré Vázquez

La nacionalización de la Transportadora de Electricidad, mediante el decreto número 1214, no es una decisión inesperada en Bolivia. Desde que asumió el poder hace seis años, Evo Morales ejecuta expropiaciones cada Primero de Mayo, siendo la estatalización de los hidrocarburos hasta ahora la más resonante de su gestión. Hasta ahora ha nacionalizado empresas de los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones, minería y energía eléctrica.

También avanzó con su modelo estatalizador en el sector de la aviación y de la producción agrícola. Queda pendiente aún el área de agua y de los recursos forestales. Todo es cuestión de tiempo para consolidar al Estado como el mayor actor de la economía boliviana.

Sin embargo, las nacionalizaciones durante su gobierno ocurren en momentos y contextos cambiantes, pero con métodos similares. La primera y más espectacular fue ejecutada a pocos meses del inicio de su mandato. La expropiación de las acciones de empresas petroleras le sirvió para acumular más poder y conseguir un respaldo popular inédito. Lo mismo ocurrió dos años después con la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.

El presidente tenía un cheque en blanco de su electorado, sin importar las secuelas, como los costosos arbitrajes internacionales y los pagos de millonarias indemnizaciones. El contexto y la coyuntura de esta última estatalización es diferente. Mantiene el alcance inamistoso de las anteriores, por la intervención militar de las instalaciones de la empresa afectada, pero se ejecuta en uno de los momentos de mayor desgaste de la imagen del Gobierno. Morales necesitaba una iniciativa que le devuelva autoridad y confianza.

Desde hace un mes, Morales se enfrenta a una durísima huelga de la Sanidad. Desde hace dos semanas, la Central Obrera Boliviana exige aumentos salariales y la reconducción del llamado proceso de cambio que apoyaron antes. Aunque el presidente decretó el martes el aumento salarial en un 8% y un salario mínimo de 120 euros, se espera que el jueves próximo los trabajadores endurezcan sus protestas. El tercer conflicto, la novena marcha indígena de defensa del Parque Isiboro Sécure, amenaza con ponerle otra vez contra las cuerdas. Ni siquiera la inédita e improvisada festividad de dos días sirvió para aplacar las protestas callejeras en este Primero de Mayo.

Morales necesitaba un golpe de efecto que lo acercase a sus distanciadas bases electorales, que le reclaman recuperar su «espíritu revolucionario». Pero su acción no tiene relación directa con la conducta de Cristina Fernández. Paradójicamente, el mismo día en que Morales expropia a REE se reúne con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para anunciar juntos el aumento de la producción gasífera del campo Margarita, el mayor de Bolivia. Las relaciones del Gobierno boliviano con las petroleras, sobre todo la española, parecen estar mejor que nunca. El Estado tiene 180 días para definir el valor de las acciones expropiadas. En ese periodo también debe recuperar la calma social. La duda es si otra medida de shock permitirá al Gobierno recuperar la iniciativa en su relación con los movimientos sociales de Bolivia.