La Junta apoya inversiones para crear 114 empleos y mantener más de 1200

José Antonio de Santiago-Juárez informa de los acuerdos del Consejo de Gobierno
José Antonio de Santiago-Juárez informa de los acuerdos del Consejo de Gobierno

VALLADOLID- Más de 7,2 millones de euros destinará la Junta de Castilla y León para financiar 17 proyectos declarados de Especial Interés y que permitirán mantener 1.124 puestos de trabajo y generar 114 nuevos empleos en sectores como el farmacéutico, la automoción o las energías renovables.

Entre los proyectos subvencionados se encuentran la firma salmantina «Merck Sharp & Dohme Animal Healt S. L.» , la leonesa «Gadea Biopharma o las burgalesas «Gamesa Energy», «Ima 1» o «Trasluz Casual Wear».

Asimismo, el Consejo de Gobierno aportará 170.000 euros para modernizar y revitalizar el sector comercial en la Comunidad. Una subvención que recibirá la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León -Conferco-, los Centros Comerciales Abiertos y otras entidades de ámbito provincial relacionadas con el comercio tradicional con la finalidad de incrementar el uso de las TIC en las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad y fomentar los mecanismos asociativos.

Además, también en materia económica, la Junta crea un Registro de Centros de Formación Profesional para el empleo en la Comunidad. Se pretende con ello regular todos los centros y entidades que puedan impartir formación profesional para el empleo y del Registro de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables.

Prestaciones sociales
Por último, la Junta también daba luz verde al decreto que fija los precios públicos de los Servicios Sociales prestados por la Administración. En concreto, señalaba el consejero portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se refiere a las prestaciones de atención residencial -residencias y viviendas-, centros de día -estancias diurnas y centros ocupacionales- y servicio de estancia nocturna.

De Santiago-Juárez informaba que el usuario pagará dependiendo de su propia capacidad económica y no de la de sus familiares y con un máximo del 90 por ciento del cosre. La nueva normativa fija un precio público por día para cada uno de los servicios, por lo que existe una previsión de mayor recaudación para la administración regional.