París

Fernández Díaz: «Repugna que etarras con graves atentados estén libres en 15 años»

El ministro del Interior no ve previsible que ETA atente antes de las elecciones vascas de 2013

Fernández Díaz: «Repugna que etarras con graves atentados estén libres en 15 años»
Fernández Díaz: «Repugna que etarras con graves atentados estén libres en 15 años»larazon

La posibilidad de que 20 presos puedan abandonar las cárcel a lo largo de este año, salvo que a varios de ellos (condenados por el Código Penal de 1973) se les aplique la llamada «doctrina Parot», ha causado una gran alarma en la sociedad y sobre todo en las víctimas del terrorismo. Y es que el etarra que asesinó en Vic a diez personas, entre ellos cinco niños, podría salir próximamente a la calle si no se le aplica la «doctrina Parot», una resolución que cuenta ya con aproximadamente 60 recursos de amparo interpuestos por etarras ante el Tribunal Constitucional.

Sobre este asunto se pronunció ayer el ministro de Interior, Jorge Fernández, quien aseguró que aunque respetará la decisión que tome el tribunal, entiende la «alarma social» que genera este asunto ya que «repugna a la razón que etarras con graves atentados a los 15 años puedan quedar libres». «Yo como ministro del Interior, que voy a estar a lo que diga el Constitucional, creo que en ocasiones es comprensible que genere eso que se llama alarma social o una rabia generalizada en la sociedad que personas que han sido condenadas a miles de años de condena a los 15 o 20 años, por la vía de permisos y beneficios penitenciarios, puedan estar en libertad», destacó en una entrevista en la Cope.

Acatar lo que dicte el TC
En este sentido, reiteró que «el Gobierno respetará y acatará lo que diga el Tribunal Constitucional», pero que, en su opinión y según un estudio jurídico que ha hecho el ministerio para analizar la situación, «a la vista de lo que viene haciendo el TC no es descartable pensar que habrá que distinguir dos situaciones». Fernández indicó que «unos supuestos pueden ser aquellos etarras que han sido condenados y para los que el tribunal juzgador ha establecido de manera explícita y clara la metodología de cómputo de la condena, y de aquellos otros que no. Eso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista temporal, las sentencias producidas con anterioridad o después de la sentencia del Supremo en relación con la doctrina Parot», explicó.

Por otra parte, el ministro del Interior destacó que la banda terrorista «sigue existiendo en la clandestinidad» y como prueba de ello advirtió de que aún sigue «intentando» reclutar a nuevos terroristas en Francia, aunque éstos son «de menor nivel». En esa estrategia enmarcó a los tres detenidos el pasado mes en las inmediaciones de una estación de tren en el sur de París.

Pese a todo, matizó que según los informes de Inteligencia que elaboran las Fuerzas de Seguridad, no está previsto que ETA actúe antes de las elecciones autonómicas vascas de 2013 con el objetivo de no frustrar la estrategia electoral de la izquierda abertzale. «Ése es nuestro diagnóstico.

La izquierda abertzale necesita respetabilidad social, y tener una apariencia de legitimación institucional y social. Un atentado de la banda terrorista ETA lo frustraría», matizó.

En cuanto a la política antiterrorista, Fernández Díaz aseveró que el Gobierno seguirá «muy vigilante», al tiempo que recordó que el hecho de que la banda no tenga previsto actuar también atiende a su «debilidad operativa», algo que ha sido posible, según indicó, gracias a la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «ETA ha dicho en octubre que deja de actuar; tomamos nota, pero somos conscientes de que no lo ha dicho porque se hayan convertido a la democracia, sino porque la actuación continuada y sistemática del Estado de Derecho los ha diezmado hasta el límite su capacidad operativa», indicó, para reconocer que también han influido los «éxitos políticos» que ha tenido la izquierda abertzale en las elecciones. «Su debilidad ha hecho que el liderazgo, en el llamado movimiento de liberación vasco, no lo tengan ellos sino la izquierda abertzale», aclaró.

Por último, el ministro de Interior, Jorge Fernández, se refirió a la reunión mantenida con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, reunión concertada, dijo, a petición de este último, en la que según explicó obtuvo información y un relato «muy exhaustivo» de la experiencia de Zapatero en la lucha contra la banda terrorista ETA. «Tomé muy buena nota de todo lo que me contó», señaló.

Hoja de ruta
No obstante, quiso defender que la hoja de ruta del Ejecutivo para combatir el terrorismo ya la marcó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «Ha de quedar claro que el Gobierno que preside Rajoy no ha llegado a ningún pacto en ningún momento, ni antes ni ahora, en absoluto, con la banda terrorista ETA ni con la izquierda abertzale. Que quede muy claro. Nuestra hoja de ruta pasa por el cumplimiento de la ley», aseveró.


La Fiscalía Estudiará «caso a caso» los recursos
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que no ha fijado ninguna «doctrina, indicación o instrucción» a la Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) sobre la resolución de los recursos planteados por la «doctrina Parot», solicitada, entre otros condenados, por varios etarras.El nuevo fiscal general del Estado se refirió así a las manifestaciones hechas ayer por el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien confió en que el TC valore «la nueva realidad social» en Euskadi tras el cese de la actividad terrorista en cuanto a las resoluciones que tiene pendientes sobre la «doctrina Parot».Torres-Dulce destacó que se debe estudiar cada recurso de amparo, «uno a uno, casuísticamente, atendiendo a los motivos de amparo que en cada caso se hayan planteado», con «absoluta autonomía» de la Fiscalía del TC, tal y como ha venido haciendo su predecesor en el cargo y como se hará «sin duda» en este mandato. Reconoció que puede haber «posiciones diversas» sobre un caso concreto de la «doctrina Parot» –que obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión–, pero no sobre la propia doctrina.