Justicia contra ETA

Que un terrorista sea condenado por un tribunal tras un proceso con todas las garantías es siempre una victoria del Estado de Derecho y una derrota de los enemigos de la democracia y de la libertad. Por esa razón es tan positiva la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el «caso Bateragune». El fallo ha sentenciado a sendas penas de diez años de prisión al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al ex secretario general del sindicato proetarra LAB Rafael Díez Usabiaga por un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigentes y por haber intentado reconstruir la ilegalizada Batasuna a las órdenes de ETA. Los jueces han considerado probado que los condenados estaban «integrados» en la banda y actuaban «en plena connivencia con ella» para «planificar y gestionar la nueva estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas, en aras de la culminación del proceso independentista». La sentencia ha recordado además una circunstancia esencial para quienes defienden hoy que Otegi es un hombre de paz, que se ha distanciado de las consignas y la disciplina de ETA y que representa algo así como la única esperanza de un tiempo sin violencia terrorista en el País Vasco. Efectivamente, se cometería un gravísimo error si no se tuviera en cuenta, como refiere el auto, que Otegi nunca condenó la violencia terrorista en su etapa como miembro de la comisión de coordinación designada por ETA para controlar Bateragune y que sigue sin pedir la desaparición de la banda.

La exacerbada reacción del nacionalismo vasco, con Bildu y el PNV a la cabeza, demuestra no sólo su escaso o nulo respeto por las resoluciones judiciales y su escasa convicción democrática, sino que también prueba que aguardaban un fallo político en la línea con la legalización de Bildu en el Tribunal Constitucional. Por el contrario, es una satisfacción para quienes creemos en el Estado de Derecho una sentencia dictada por magistrados profesionales que se han guiado por el principio de legalidad en la valoración de las pruebas. Habría que recordar a aquellos que criminalizaron ayer al tribunal, que el mismo Otegi fue absuelto en otros dos procesos. Siempre es una garantía que la Justicia no actúe al dictado de nadie. Cuando no es así, cuando algunos se manchan las togas con el polvo del camino, se hace un flaco favor al Estado de Derecho.

La condena a Otegi y Díez Usabiaga ha llegado en un momento delicado para la lucha contra ETA y la convivencia en el País Vasco, con Bildu en las instituciones y Sortu en camino del Constitucional. Las soflamas nacionalistas y la amenaza de las movilizaciones por parte de Bildu no son más que manifestaciones que avalan la tesis de que todo es ETA y que, por tanto, habría que actuar contra aquellos que participan del proyecto totalitario y liberticida. Hay que recordar hoy que Díez Usabiaga, dirigente de ETA, fue mentor público de Sortu y Bildu. Sacar a los voceros de los terroristas de las instituciones debe ser un objetivo prioritario de la nueva etapa política tras las elecciones generales. Sería una temeridad olvidar que, como recordó la Fiscalía esta semana, ETA mantiene operativa toda su estructura con comandos en España y Francia y que la condena a Otegi, como adelanta hoy LA RAZÓN, ha frustrado la estrategia diseñada por la banda.