Nuestra Comunidad deberá reducir su deuda en 170 millones al año hasta 2020

Valladolid- Castilla y León deberá reducir su deuda en 170 millones al año hasta el 2020, una vez se comience a crear empleo o se alcance un crcecimiento económico del 2 por ciento. Así lo anunció el portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y reitero que estas medidas se deberán asumir ante la cercana aprobación de la normativa estatal y autonómica sobre estabilidad presupuestaria.
El «techo de gasto», como se conoce popularmente, al que se han comprometido el Gobierno de España y las comunidades autónomas para mostrar a la Unión Europea su propósito de reducción de déficit, supone para la Región que su nivel de endeudamiento no podrá superar el equivalente al 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020, cifra que en estos momentos nuestra Comunidad cumple -8,9 por ciento en 2011-.
Además, la iniciativa estatal pone como tope máximo de deuda el 60 por ciento del PIB -47 el Gobierno, diez las autonomías y tres las entidades locales-.
Mayor consenso
De Santiago-Juárez indicó que el objetivo del Gobierno Herrera es buscar «el mayor consenso» entre los Grupos Parlamentarios. Por este motivo, anunció que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se reunirá con los portavoz del PP, PSOE y el Grupo Mixto. «Queremos que el proyecto de ley salga de las Cortes con el nivel más alto de acuerdo político», insistió.
El portavoz añadió que el texto regional ya incluía el compromiso de contener el déficit público, pero no trataba la exigencia que ahora se plantea a nivel nacional para reducir la deuda pública y también sobre el cumplimiento de la denominada «regla de gasto», que implica que el gasto no financiero no puede aumentar por encima de la tasa de crecimiento económica de referencia estatal.
De Santiago-Juárez además informó de que habrá que modificar los plazos en los que el «techo de gasto» iban a ser remitidos al Ministerio de Economía, ya que la normativa nacional prevé que este cálculo deberá estar enviado antes del 1 de agosto, lo que implicará que sea aprobado en las Cortes de Castilla y León antes de esa fecha, es decir en el segundo periodo de sesiones.