La compra de cocaína y la «trituradora» llevan a Guerrero ante la Guardia Civil

SEVILLA- Eran alrededor de las 18:30 horas cuando el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero, accedía ayer, por segunda vez, a las instalaciones del cuartel central de la Guardia Civil en la avenida de Eritaña, en Sevilla, en el marco de la investigación de los ERE fraudulentos. Estaba acompañado de su abogado, Fernando de Pablo, y aseveró a su entrada: «Voy a decir la verdad, como siempre».
 
En esta ocasión, según fuentes del Instituto Armado, el interrogatorio giró en buena medida en torno a la presunta compra de cocaína, las fiestas y las copas abonadas con las ayudas públicas que recibió el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, una vez que la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, ha asumido esta parte de la investigación que iniciaron los juzgados de Andújar (Jaén) y sobre la que podrá interrogar al ex alto cargo del Gobierno andaluz. Trujillo aseguró, además, en su declaración como imputado ante los juzgados jiennenses que «entregó» a su ex jefe una cifra englobable entre los 40.000 y los 60.000 euros y regalos «diversos» como «contraprestación» por las subvenciones que la Junta le concedió para dos de sus empresas: Iniciativas Turísticas Sierra Morena SL y Lógica Estratégica Empresarial SL.

De hecho, la magistrada de Andújar vio indicios de que este imputado no sólo concedió las subvenciones de forma «delictiva y arbitraria», sino que recibió regalos a cambio. Sin embargo, Guerrero niega tanto la compra de cocaína como el que haya recibido regalo o dinero alguno de manos de Trujillo.

El ex director general de Trabajo fue interrogado, asimismo, por algunos aspectos de su última declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial de la Guardia Civil, en la que mantuvo que tras su salida de la Consejería de Empleo, tuvo «conocimiento» por funcionarios que no quiso identificar, de que se «habían destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos de Mercasevilla». Punto en el que se le reclamaron datos y, según afirmó a la salida del cuartel a las 23:00 horas, se «ratificó».

Horas antes del nuevo paso por Eritaña, De Pablo había solicitado a Alaya un aplazamiento de la comparecencia de su cliente que ésta había fijado «a priori» para mañana. La primera declaración de Guerrero en sede judicial se retrasará por tanto previsiblemente una semana, hasta el próximo jueves, aunque al cierre de esta edición todavía no había confirmación oficial del juzgado. La causa de la petición del letrado es la imposibilidad de estudiar con «detenimiento» toda la información que contienen los cerca de 2.600 nuevos folios de los siete tomos que la instructora entregó a las partes el pasado viernes 17, a raíz de las últimas diligencias de investigación.

Documentación que el representante legal del ex alto cargo del Gobierno andaluz no recibió hasta el lunes, lo que provocó que optara por solicitar el retraso, dado que, según aseveró a Europa Press: «El objetivo es que Guerrero declare».

Un testimonio que, según precisó la juez, «se circunscribirá al contenido de los atestados recibidos y de las declaraciones judiciales tomadas hasta la fecha, sin perjuicio de que pueda ampliarse con las diligencias previas de los juzgados de Andújar». En ese sentido, durante el interrogatorio, Alaya podrá preguntarle sobre otro aspecto de su primera declaración como imputado por un presunto delito contra la hacienda pública: el hecho de que los expedientes de ayudas ahora bajo la lupa judicial carecieran, «en muchos casos», de tramitación administrativa alguna. Carencias que el imputado negó, al defender que al menos hasta abril de 2008, fecha en la que él dejó su cargo en la Consejería de Empleo, los expedientes «iban completos».

Es previsible también que se ponga en evidencia la «dependencia» jerárquica de Guerrero respecto a los ex consejeros del Gobierno andaluz Guillermo Gutiérrez, Antonio Fernández y José Antonio Viera, que estuvieron en el cargo entre 2001 y 2010. Una subordinación que queda recogida en un atestado del Grupo de Delincuencia Económica del Instituto Armado, centrado en su papel en la trama de los ERE.