España aprieta a las CC AA e Italia reduce a la mitad las provincias

MADRID- Las comunidades saldrán con nuevos «deberes» de reducción del gasto público del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el próximo jueves. Como ya informó este periódico, en el nuevo paquete de ajustes en el gasto público para cumplir con el déficit, el Gobierno quiere poner énfasis en aquellos instrumentos legales que lleven a las autonomías a redoblar sus esfuerzos para llegar al compromiso solemnizado en la ley de estabilidad presupuestaria. Este mismo mes el Ejecutivo fijará el techo de gasto de los próximos Presupuestos Generales del Estado, que incluye también el límite por ley para las comunidades autónomas.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ratificó ayer que vienen más reformas «imprescindibles» para crecer, generar empleo y modernizar el país, aunque eludió avanzar más detalles sobre ese enunciado. ¿Habrá subida del IVA? ¿Habrá cambios en las prestaciones por desempleo? ¿Habrá cambio en las pensiones? La respuesta del Gobierno es remitirse al Plan Nacional de Reformas que elevó a Bruselas, y que la UE enmendó por considerar que con las reformas y medidas en él avanzadas no se llegaba al objetivo de déficit fijado para 2012.

La Comisión Europea reclamó a España a finales de mayo «más ajustes de consolidación y disciplina fiscal a nivel regional» y que avanzase en la reforma del mercado laboral, financiera, educativa y del sistema de pensiones. Entre otras medidas, planteaba la subida del IVA, la eliminación de la deducción por vivienda, acelerar el retraso en la edad de jubilación y cambios en las prestaciones por desempleo. Esta semana, en cualquier caso, podría flexibilizarse oficialmente el calendario de déficit para España, de tal manera que se alargase hasta 2014 el objetivo del 3 por ciento, pero este margen no conllevaría una relajación en los recortes ya que Bruselas exige a cambio más dureza en el ahorro y más reformas.

Clarificar competencias
Sáenz de Santamaría insistió ayer en que el Gobierno va a seguir en su hoja de ruta, «el proyecto reformista que llevó al PP a ganar las elecciones generales», y que implica actuaciones en el ámbito financiero, de la consolidación fiscal y de la reforma administrativa. En este «proyecto reformista» se incluye la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la que Montoro informó ayer al Consejo de Ministros y que como anteproyecto será aprobada antes de que finalice este mes. «Con Inmediatez», puntualizó ayer la vicepresidenta. También recordó que el objetivo de este proyecto es racionalizar la estructura administrativa; clarificar las competencias y la financiación; ajustar los ayuntamientos a la ley de estabilidad presupuestaria; aplicarles los criterios de la ley de transparencia, que implica publicar en los Presupuestos Generales el baremo de sueldos de los alcaldes y concejales (como se hará con otros altos cargos, empezando por el Gobierno); y que los municipios unifiquen y centralicen sus compras dentro de la unidad administrativa en la que trabaja el Ejecutivo.