Una orden de Intervención revela que Griñán conocía el «fondo de reptiles»

Esta actitud del Gobierno andaluz ha provocado que el PP los vaya a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial y que Javier Arenas asegurara el domingo que, cuando se conozcan, «a lo mejor Griñán no puede continuar ni un segundo como presidente», ya que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. El Gobierno andaluz mantiene que la decisión de desoír al órgano superior de control interno y de contabilidad pública de la Administración andaluza fue una decisión «técnico-política» del ex director general de Trabajo. Sin embargo, la instrucción 1/2005 de 18 de mayo de la Intervención General consultada por este periódico detalla en su protocolo que los titulares de Hacienda –Consejería de la que depende– y Empleo –al que afecta el informe– deben conocer sus trabajos cuando afectan a organismos sometidos al control financiero permanente, como era este caso. O Griñán conocía los reparos que la Intervención puso a cómo se gestionaban esos fondos, o la propia Intervención incumplió sus directrices, algo improbable.

La Junta ha negado «descontrol» en el uso de esos fondos. Las cantidades, que aparecían consignadas en los Presupuestos en la partida «31L. Administración de las Relaciones Laborales», eran transferidas a un ente instrumental del Gobierno andaluz. La Consejería de Empleo realizaba transferencias de financiación de explotación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), primero, y a la Agencia IDEA, después, y abonaba sus compromisos de pago a través de estas sociedades. Entre 2001 y 2009 la suma ascendió a 647 millones de euros. Tanto el IFA como IDEA estaban sometidos a control financiero permanente (artículo 85.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

El órgano de control interno de la Administración andaluza detalló en la instrucción 1/2005 la forma de proceder en estos casos. Eran normas orientadas a la realización de «auditorías de cumplimiento» y «auditorías operativas». En el área relativa a transferencias y subvenciones, la función del interventor consistía, entre otras, en «examinar una muestra representativa de los expedientes de gasto del periodo» o «que las subvenciones concedidas en el periodo lo son a beneficiarios que reúnen los requisitos previstos».

Los controles no fallaron y la realidad es que la Intervención General señaló en 2005 que el procedimiento seguido no era el correcto y lo reiteró en 2006 y 2007. La mencionada instrucción deja claro que el centro directivo debería «en un plazo máximo de seis meses» elaborar «un informe sobre el grado de implantación de las recomendaciones propuestas».

En su declaración ante la Policía, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero admitió que la tramitación administrativa que se seguía en su departamento para esas ayudas era un tema «absolutamente no regulado» y que tuvieron «debates con ocho borradores de decreto y 10 borradores de Órdenes».

Griñán dijo en el Parlamento que la Intervención «no detectó irregularidad alguna en los pagos». De ser así –salvo que los informes digan lo contrario–, el caso pudo llegar al Consejo de Gobierno.


Hasta el Consejo de Gobierno
- El centro directivo debe entregar un informe del grado de cumplimiento de sus recomendaciones. La Junta dice que no son «vinculantes».
- Esas alegaciones se entregan en Hacienda (donde estaba Griñán en 2005) y Empleo.
- Si la Intervención ve «menoscabo de fondos públicos», emite un informe urgente. La Junta de Andalucía dice que no lo emitió porque no lo apreció.
- Ahí tendrían que intervenir ambas Consejerías y poner los medios.
- El asunto podría llegar al Consejo de Gobierno.