Sevilla
Un informe desvela que el Plan Centro «nunca debió ponerse en marcha»
El portavoz del Gobierno local, Francisco Pérez, compareció ayer para desvelar «la verdad del Plan Centro», en base a un informe del jefe de sección del Centro de Control de Tráfico.
Según estos datos, el Ayuntamiento considera que el proyecto ha sido «un fraude, preñado de irregularidades», por lo que «hay que cortar por lo sano». Pérez se quejó de que la oposición haya cuestionado «la palabra de un edil, del director general de Movilidad y del jefe de sección» y exigió «disculpas».
El informe técnico solicitado por el director general de Movilidad destaca «errores en el funcionamiento del sistema, con especial mención a las cámaras de detección, lectura y reconocimiento de matrículas»; «desvíos presupuestarios» en el contrato; y «detalles sobre la última certificación y recepción del sistema». El funcionario recuerda que «se le ha mantenido al margen de cualquier información, decisión o intervención» referente al Plan Centro y «no es responsable de las actuaciones o errores que se hayan cometido», de los que se dio aviso a los superiores en distintos momentos. Para empezar, se explica que el Plan Centro comenzó a aplicarse, en diciembre de 2010, sin todos los usuarios sin acreditar. Pese a ello, se siguieron validando y tramitando las sanciones. El análisis señala que el 29 de marzo el sistema «deja de estar operativo». El Gobierno municipal tomó posesión el 11 de junio. «Por orden de la superioridad» –está por determinar quién– «se dejan de enviar al Centro de Control de Tráfico por parte del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes los partes con el listado diario de altas y bajas de los usuarios acreditados». Sin estos datos, «es imposible validar, emitir ni tramitar ninguna sanción». «Con los datos disponibles podemos garantizar que el sistema sólo ha estado operativo y emitiendo sanciones tres meses, desde finales de diciembre de 2010 al 29 de marzo», indica el funcionario. Además, el informe señala que el sistema se recepcionó el 25 de mayo, «justo después de las elecciones», y la desconexión de la aplicación informática se produjo el 31 de mayo. «Se produce al tenerse conocimiento de la intención firme de la nueva Corporación de derogar el plan (...) en el primer Pleno», informa el estudio. «Desde esta fecha, el plan está completamente desactivado, aunque es imposible emitir sanciones a partir del 29 de marzo», zanja el estudio.
Tras analizar las carencias técnicas e informáticas del sistema, así como las posibilidades de reutilización de las cámaras, el técnico subraya que «hay suficientes datos para asegurar que el sistema en estas condiciones nunca debió ponerse en funcionamiento» ni recepcionarse.
Sin fiabilidad
- El informe recuerda que el pliego exigía una fiabilidad de las cámaras del 95% y la media máxima ha sido del 86,5%. Algunas cámaras sólo llegaron al 65,16% de precisión. «Inadmisible», según el estudio. El expediente de las cámaras, explicó Pérez, está incompleto y faltan facturas.
- «En su momento, hubo que tomar la decisión de sólo emitir sanciones (...) entre los 75 y 200 minutos y sin transmitir la debida información al ciudadano», que creía que sólo podía estar en el centro 45 minutos y, en realidad, no se sancionaba a quien sobrepasaba los 200.
- La Agencia Tributaria gestionó 7.285 denuncias, siendo notificadas 5.327, las últimas en marzo.
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