Las familias denuncian errores en el fallo del TSJC contra el castellano

BARCELONA- Contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, desobedeciendo al Tribunal Supremo (TS), obvia que el castellano debe ser junto al catalán lengua vehicular del sistema educativo, cabe interponer recurso de casación en un plazo de diez días ante el TS. Esta es la siguiente batalla de quienes vienen luchando por sus derechos desde hace seis años. Y en ello está trabajando Ángel Escolano, abogado de Convivencia Cívica (CC), representante de los afectados.

Hoy está previsto un encuentro con periodistas en el que el letrado detallará el contenido del recurso, pero Escolano adelantó ayer a este diario varios puntos clave de la que va a ser la argumentación jurídica contra el último fallo del tribunal catalán.

Por un lado, y como es lógico, el recurso señalará que el tribunal catalán, a pesar de estar obligado a ejecutar la sentencia del TS por ser un órgano jurisdiccional de rango inferior, la reintrepreta. En este sentido, el TSJC afirma que las familias tienen derecho a que sus hijos reciban una atención individualizada en castellano e insta a la Generalitat de Cataluña a llevar a cabo las medidas que sean necesarias para que así sea. Por el contrario, «el Tribunal Supremo advierte de que a los alumnos no se les debe proporcionar dicha atención individualizada ya que eso supondría una discriminación», explica Escolano.

Conjunción vs inmersión
Más aún, la sentencia del TS exhorta a la administración catalana a implementar cuantas medidas sean necesarias para que el castellano sea de forma efectiva lengua vehicular, junto al catalán, de su sistema educativo, es decir en todas las aulas.Pero, el TSJC concluye que eso no ha de ser así.

Asimismo, el letrado de CC destaca que ante las posibles dudas que pueda plantear la lectura de la sentencia del Supremo y su ejecución, el TSJC falla en favor del ejecutivo catalán, aplicando el principio «indubio pro» administración que «es preconstitucional y quedó abolido por la Carta Magna», apunta Escolano.

Convivencia Cívica también denunciará varias cuestiones de las que, de momento, no ha obtenido respuesta. ¿Por qué resuelve el auto el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si era competencia de una de las secciones? ¿Por qué se dilata tanto a la ahora de resolver e instar al Gobierno catalán a que tome las medidas pertinentes ? La entidad entiende que la cuestión es preferente y que, por lo tanto, el tribunal ha hecho gala de cierta pasividad en contra de los demandantes. Además, el recurso recogerá las presiones, «inauditas», a las que se han visto sometidos los magistrados por parte del Gobierno catalán. «Lo que han hecho organismos como "Som Escola"roza lo que son las coacciones», advierte Escolano.

La Asociación por la Tolerancia, que también vela por los derechos lingüísticos en Cataluña, tildó, precisamente, a esas presiones de «inadmisibles. «La expresión pública de la voluntad de desobedecer las sentencias constituye el peor ejemplo que se puede ofrecer a los ciudadanos y los deja en una situación de inseguridad jurídica y de desamparo frente a la arbitrariedad del poder», declaró la entidad en un comunicado.

De hecho, Escolano recalca que la propia Generalitat se contradice al definir su sistema educativo. Y, es que, mientras habla de inmersión lingüística a los medios comunicación, en sus escritos jurídicos afirma que en Cataluña el modelo es de conjunción lingüística. La diferencia entre ambos conceptos es que el primero permite anteponer el catalán al castellano mientras el segundo los iguala.

Los argumentos del recurso
- A la espera de que el letrado que representa a las familias demandantes presente hoy más argumentos jurídicos, el principal parte de la base de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lejos de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo la reinterpreta.
- Mientras el Tribunal Supremo niega que deba darse una atención individualizada a los alumnos demandantes porque eso supondría una discriminación e insta a la Generalitat de Cataluña a tomar la medidas necesarias para que el sistema educativo catalán sea bilingüe, el TSJC dicta todo lo contrario.
- Convivencia Cívica señalará, asimismo, ante las posibles dudas que plantea la sentencia del TS, el TSJC falla en favor del gobierno catalán aplicando el principio de «indubio pro» administración que quedó absolido por la Constitución.
- Además, el recurso denunciará «la pasividad de la TSJC a la hora de resolver», las presiones recibidas por el tribunal por parte del ejecutivo catalán y de entidades nacionalistas y preguntará por qué la ejecución de la sentencia del TS fue vista por el pleno del TSJC y no por la sección a la que le correspndí a el proceso.

El Gobierno defiende el bilingüismo
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que el Ejecutivo «defiende y seguirá defendiendo» el bilingüismo integrador como posición política. Un bilingüismo, añadió, que potencie en el ámbito de la escuela, de la administración pública y, en definitiva, de lo público, «la normalidad y la cordialidad que existe en el uso de la lengua en la calle». Santamaría expresó el respeto a las resoluciones judiciales tanto del TSJC como del Tribunal Supremo, y subrayó que queda abierta una vía de recurso «y habrá que estar a lo que se diga en sede de ese recurso».