Crímenes que salen gratis

MADRID- «Del Estado no hemos recibido ni un triste pésame», lamentó ayer Francisco Martín, padre de la víctima.

El juez instructor del caso sentenció que la asesina debía indemnizar a la familia con 300.000 euros (además de cumplir cinco años en un centro de internamiento de menores y tres años de vigilancia), pero la joven se ha declarado insolvente y la Ley de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos no prevé ningún tipo de indemnización a los padres de víctimas menores de edad, ni siquiera atención psicológica.

La normativa española sólo contempla ayudas cuando el fallecido genera ingresos a la unidad familiar, es decir, cuando aporta un sueldo a la familia, o en los casos de víctimas del terrorismo.

Con estas circunstancias, la familia de la menor asesinada ha decidido presentar una reclamación ante el Consejo de Ministros para que asuma la cuantía de la indemnización con el argumento de que debería haber adaptado la legislación española a distintas directivas y reglamentos comunitarios vigentes desde 2006. En definitiva, «se ha incumplido la legislación comunitaria y eso ha causado un perjuicio a la familia», explicó ayer la abogada de la familia, María Ponte. «Los padres de la menor, ante la insolvencia del deudor, ven burlado su derecho a la reparación del daño y, como consecuencia de la deficiente regulación española, se ven privados del acceso a una indemnización otorgada por sentencia judicial firme», aclaró.

Ponte explicó que la reclamación ya ha sido presentada al Consejo de Ministros y espera obtener alguna respuesta en el plazo aproximado de un mes. Además de estainiciativa ante el Consejo de Ministros, la familia también ha decidido presentar una solicitud al juzgado de menores de Toledo que se encargó del caso para que eleve al Gobierno una propuesta de reforma de la Ley de Responsabilidad del Menor para que se castiguen con más dureza los delitos de sangre cometidos por menores. En este caso, la familia de la menor de Seseña es partidaria de la cadena perpetua revisable. «Yo no quiero la pena de muerte para la asesina de mi hija, pero sí que esa niña esté a pan y agua toda la vida hasta que Dios se la lleve. Estoy a favor de la cadena perpetua», sentenció Francisco Martín.

La abogada de la familia calcula que en un plazo de tres semanas máximo tendrá noticias de si el juzgado de menores finalmente solicitará al Gobierno un endurecimiento de penas o no. Ponte explicó que la iniciativa de la familia de Seseña es pionera en España e hizo un llamamiento para que otras víctimas emprendan reclamaciones similares o se sumen a la suya.
 

«Escribo para aliviar mi pena»
Francisco Martín, el padre de Cristina, asesinada en marzo de 2010, lamenta que no ha tenido ayuda psicológica del Estado para remontar la dura situación que le tocó vivir. «Sólo me ayudó desinteresadamente la trabajadora social del Ayuntamiento de Seseña. En un folio escribí la vida de mi hija y eso me sirvió para aliviar mi pena. Estuve tres meses de baja, pero pedí el alta porque te metes en casa y... es peor».