El listón de la dignidad

La dimisión de Francisco Camps ha descolocado al PSOE y ha resquebrajado su discurso y buena parte de la estrategia política de su candidato a la presidencia de cara a las elecciones generales. La coherencia y la credibilidad de un partido como el socialista no se edifican ni se refuerzan desde una retórica vana ni desde la demagogia simplista del que predica pero nunca da ejemplo, sino con gestos de responsabilidad política difíciles como el de Camps, pero que a la larga dignifican a una clase dirigente no sobrada de reconocimiento ciudadano.
Como desde el comienzo de este asunto, Mariano Rajoy estuvo ayer en su sitio. En un episodio de enorme complejidad, no se precipitó y mantuvo el pulso firme. Ayer, reconoció con justicia el gesto del ex presidente de la Generalitat valenciana y alabó su «grandeza» por la «difícil decisión» de renunciar. Aseguró que, «desde luego, después de lo que ha pasado», es una persona que tendrá «futuro en la vida pública y privada». Dejó una más que merecida puerta abierta a Camps pues el país no anda sobrado de gobernantes con su capacidad y su experiencia y con un balance en la gestión de lo público tan positivo como el suyo. El gesto de Rajoy fue una respuesta adecuada a una encrucijada nada sencilla y un acto de cercanía a una personalidad muy importante en el proyecto del Partido Popular que hace sólo unas semanas contó con un refrendo popular abrumador.
Rajoy se mostró exigente con el partido en el Gobierno y apremió al PSOE a tomar decisiones. Los socialistas se han quedado sin coartadas ni parapetos ni excusas para no dar la cara ante tanto escándalo, abuso e irresponsabilidad. Además, reclamó explicaciones al PSOE por el «caso Faisán» y por impedir que el Parlamento andaluz investigue los ERE irregulares, y el requerimiento estaba cargado de razón. La opinión pública tiene derecho a saber la verdad y los implicados el deber de rendir cuentas. A estas alturas, con tres antiguos altos cargos policiales procesados por colaborar con ETA, es inadmisible que los entonces responsables políticos del Ministerio del Interior no sólo se nieguen a dar explicaciones, sino que presenten su actitud obstruccionista como ejemplar. Que Pérez Rubalcaba acusara ayer al PP de tender una «cortina de humo» con el «caso Faisán» para evitar que se hable de corrupción y concretamente del «caso Gürtel» es una estrategia dilatoria estéril que no le eximirá de su relación con uno de los episodios más graves de la historia de la democracia. Dar toda la relevancia a un asunto de regalos no probado y restársela a un chivatazo contrastado a terroristas, como hizo el candidato socialista, es una decepcionante defensa. Por eso, el PP acierta en su ofensiva para que el Congreso vote y exija responsabilidades políticas a Rubalcaba y al ministro Antonio Camacho. La opinión pública no entendería que no se hicieran todos los esfuerzos posibles para conocer toda la verdad.
El PP y Camps han elevado el listón de la responsabilidad política hasta el nivel que exige la dignidad democrática y que quieren los ciudadanos. Por lo visto, el PSOE está muy lejos de alcanzarlo.