PP e IU advierten de que la ley de autonomía local es un «aborto»

Sevilla- La Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula), aprobada en el Parlamento andaluz el 26 de mayo, entró en vigor el pasado sábado 24 de julio. Sobre el papel, la norma establece una nueva arquitectura municipal en la comunidad al determinar las competencias de los ayuntamientos, 29, y las de las diputaciones.

Al margen de la letra, la realidad es que para alcaldes como el de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), la ley «ha nacido muerta». Se explica: «Los consistorios están en bancarrota técnica. El de Húevar, por ejemplo, lleva seis meses sin pagar a los funcionarios; hay muchos que no pueden abonar la Seguridad Social de los trabajadores, se han suspendido ferias, han tenido que cortar el suministro eléctrico...».

En definitiva, mantiene que «no se puede avanzar en autonomía local si no hay dinero para financiarla». Sánchez Gordillo recuerda que «los ayuntamientos andaluces deben 8.000 millones» y asevera: «Estamos viviendo la peor situación económica en la historia de la Transición porque las administraciones locales han venido pagando el 35 por ciento de las competencias que eran de la Junta». Desde esa perspectiva, el político y sindicalista critica que «se hayan elaborado leyes para financiar a las autonomías pero no a los ayuntamientos».

En ese sentido, lamenta que «ni la FAMP ni la FEMP hayan estado a la altura de las circunstancias» y que los regidores «sigan siendo prisioneros de los intereses del Gobierno autonómico». Insiste en que la Laula es «un aborto, un ‘bluff', una gran mentira que no resolverá nada» y anuncia movilizaciones de alcaldes a partir del 15 de agosto. ¿El motivo? «No podemos ser pordioseros de otras administraciones ni permitir que el PSOE reparta, no equitativamente además, nuevas limosnas».

La alcaldesa de Fuengirola y portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, también lo tiene claro: «Es una ley insuficiente y absolutamente injusta con los ayuntamientos andaluces». En la misma línea, la popular tildó la norma de «tacaña» y recordó que fue sacada adelante en solitario por los socialistas en la Cámara, «traicionando a todos los consistorios a los que habían hecho promesas que nunca cumplieron». El grueso de su crítica es económico: «Teníamos un insuficiente fondo de nivelación –argumentó– y ahora, con la Laula, contamos con unos fondos que resultan de la participación en los tributos de la comunidad, no de los ingresos como reclama el PP para que sean el doble». Oña insiste: «Esta ley nos da un poco más que antes, pero bastante menos de lo que necesitamos, merecemos y de lo que todos los partidos representados en la FAMP, incluido el PSOE, planteábamos».

A pesar de todo, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, reitera que, «sin lugar a dudas, la reciente entrada en vigor de la Laula supone una nueva oportunidad para los municipios andaluces».

Claves
- La Ley de Autonomía Local responde a una demanda histórica de los ayuntamientos andaluces y supone la reducción de la tutela previa que hasta ahora ejercía la Junta sobre diversas materias, entre ellas la autorización para la enajenación o permuta de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo o la creación y supresión de entidades de ámbito inferior al municipio.
- El nuevo marco legislativo establece que municipios y provincias constituyen un mismo nivel de gobierno. Los primeros pasan de ser meros administradores a tener capacidad de definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas.
- PP e IU votaron en contra de la Laula al creer que la ley, de mandato estatutario, es «manifiestamente mejorable» y se iba a aprobar sin presupuesto.
- Durante la tramitación del texto normativo en el Parlamento regional se incorporó la creación del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, un órgano consultivo que fue demandado en concreto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
- Desde la Junta y el PSOE destacaron que su aprobación suponía un hito histórico similar al Estatuto.