Las clínicas abortivas aplicarán la ley a su medida

La Ley del Aborto entra en vigor, pero aún no se sabe mucho sobre cómo será su aplicación. El Ejecutivo ha dejado una serie de cabos sueltos, tanto en el texto legal como en los decretos que lo desarrollan y, en algunos casos, eso dará alas a interpretaciones poco estrictas de la ley. Es el caso de las semanas de gestación. Ante la falta de criterio para calcular cuánto tiempo lleva embarazada una mujer, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ya ha adelantado que lo hará a su manera. Y eso significa ampliar los plazos. De acuerdo con fuentes de ACAI, su criterio para contabilizar las semanas se basará «en la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el embarazo comienza con la anidación del embrión». El problema es que, en España, como en la mayoría de los países del mundo, todos los ginecólogos cuentan el embarazo de otra manera: son 40 semanas contando a partir del primer día de la última menstruación.Con base en esto se cuenta el primer trimestre, hasta la semana 13, y el segundo hasta la 26. Así lo explica José María Laílla, vicepresidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). «Utilizamos este cálculo desde la regla de Naeguele, clásicamente se ha funcionado así porque el día del último periodo es la única fecha segura que tenemos», detalla. De este modo, en las primeras semanas que se contabilizan, probablemente, el embarazo no se haya producido. Pero, cuando se le pregunta a un médico o a la propia embarazada de cuántas semanas está, responderá con base en este cálculo. «Se utiliza en todo el mundo, es una norma internacional y el que diga lo contrario, no sabe de lo que habla», asegura Laílla. Y, ¿cuándo se produce la anidación en la que se piensan basar las clínicas? Alrededor de tres semanas después de la fecha de cálculo. Es decir, la concepción podría producirse una o dos semanas después de la última regla. El óvulo ya se habría unido con el espermatozoide, pero el embrión aún no se habría implantado. Una semana o diez días después, el embrión anidaría. Esto significa que, si la ley permite el aborto libre hasta la semana 14, las clínicas lo practicarán hasta la 17, bien entrado el segundo trimestre de gestación. Si la ley permite abortar hasta la semana 22 por malformación o riesgo para la mujer, las clínicas privadas lo harán hasta la 25, casi en la fase final del embarazo, porque el Gobierno no ha aclarado, pese a las peticiones, qué fórmula considera válida.No es éste el único cabo suelto de la ley. La situación de las menores que aborten tampoco está clara. Uno de los decretos que desarrolla la ley asegura que deberán estar, preferentemente, acompañadas de su padre o su madre. Esto supone un «canto al sol», de acuerdo con Santiago Barambio, portavoz de ACAI y, a su juicio, significará que las jóvenes se acogerán masivamente al resquicio de alegar «grave conflicto» para no tener que informar a sus padres. Con lo cual, la decisión quedará en manos del médico. La ley no aclara qué considera como «conflicto» familiar.Otra de las cuestiones que no está clara es la información que recibirán las mujeres que aborten, ni el plazo de reflexión. Aunque la norma establece que toda paciente tendrá tres días para reflexionar, desde el día de entrada en vigor de la norma se practicarán abortos de las mujeres que habían pedido cita estando vigente la ley anterior. ¿Es esto denunciable? No está claro, porque tampoco se sabe cuándo se va a empezar a repartir con regularidad el famoso «sobre cerrado». Podría ocurrir algo parecido que con la libre dispensación de la píldora del día después: aunque Sanidad había editado tres folletos informativos, éstos tardaron varias semanas en llegar a las farmacias. En el caso del aborto, la información vendrá, en parte, del Ministerio y, en parte, de cada comunidad autónoma. En la última semana algunas aún no habían «hecho los deberes», como denunciaron las propias clínicas. Amenazas del Gobierno a las comunidadesLo adelantó LA RAZÓN el pasado viernes, 2 de julio, y la imagen superior lo acredita. El Gobierno envió, el día 28 de junio, una carta a todos los consejeros de Sanidad en la que, tras recordarles cuáles son sus competencias y obligaciones respecto a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, les pide que envíen un informe detallado de cómo aplicarán dicha norma antes del 4 de julio. Pero dicha solicitud la realiza «en base al citado ejercicio de la función de Alta Inspección y en la confianza de que habéis establecido las previsiones oportunas». La misiva, que firma el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, recuerda a los consejeros que la ley les otorga una serie de actuaciones, como la de informar a la mujer. Y explica que la norma establece que el Estado ejercerá la Alta Inspección para garantizar su cumplimiento. No suele el Gobierno ejercer la Alta Inspección, pero en la Ley del Aborto sí parece que quiere asegurar que hoy mismo esté todo listo.