La juez levanta el secreto de sumario sin imputación de Rafael Blasco

VALENCIA- La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ordenó ayer levantar el secreto de las actuaciones en la causa que investiga un supuesto fraude en la concesión de ayudas públicas destinadas a cooperación, y en la que figuran 22 personas imputadas, a tres de las cuales no se les ha podido tomar declaración. La decisión judicial se realizó sin la imputación del exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y actual portavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, y sin que haya quedado abierta diligencia alguna respecto a su persona.

La causa se abrió en mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Seis de los imputados ocupaban cargos en la Administración autonómica en el momento de su detención o declaración ante la juez, entre ellos el ex director general de Cooperación Josep Maria Felip y el exsubsecretario de Sanidad Alexandre Catalá. A ellos, se suman la exjefa del Servicio de Gestión de Programas de Cooperación de la Conselleria de Solidaridad, Dolores Escandell, que fue detenida y puesta en libertad, y el exjefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Marc Llinares.

Las otras 14 personas imputadas, en su mayoría, están relacionadas con distintas ONG, como el responsable de la Fundación Hemisferio César Augusto Tauroni, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La juez mantiene distintas medidas cautelares para los imputados en libertad provisional, que van desde la presentación periódica en los juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio.
En la investigación están implicadas, al menos, seis ONG y son 19 los testigos a los que ya se ha tomado declaración.

La instructora decidió levantar el secreto de actuaciones, acordado en su día para garantizar la eficacia en la recogida de datos y operaciones realizadas en entidades bancarias, principalmente en Estados Unidos, una vez «ha desaparecido la causa que lo motivaba».
La acción judicial se sigue por un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la entonces Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

Se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones, con facturas que, supuestamente, se hinchaban para justificar el dinero concedido.

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la Administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití, país éste último donde el supuesto desvío no se hizo efectivo.

Aún no se puede precisar el dinero defraudado. Durante las investigaciones judiciales, la juez ha ordenado registros en domicilios y dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.