Portugal
Queremos trabajar por Enrique Figueroa
Que la finalidad principal de los presupuestos de la Junta de Andalucía debe ser la de garantizar una cobertura social digna es una máxima con la que los constructores no podemos estar más de acuerdo.
La contradicción de estos presupuestos está en que pretendan asegurar derechos sociales sacrificando inversiones como las de las obras públicas, que son estratégicas no solo para la creación de empleo sino para el desarrollo y crecimiento económico de Andalucía.
Una vez más la Administración vuelve a confundir el concepto de inversión en obras públicas con gasto, y centra sus recortes y planes de austeridad sobre las infraestructuras. Para 2012, la Junta ha rebajado el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas un 25,3% y el de Medio Ambiente un 9,9%. Esto no solo daña a las empresas, sino también al propio Gobierno autonómico, ya que los presupuestos dirigidos a obras públicas revierten en un 60% en la Administración en forma de impuestos, tasas, etc. Además, las obras públicas son las grandes generadoras de empleo.
Hoy por hoy Andalucía es la región con la tasa de paro más alta de la península (por encima incluso de Portugal, a la que las turbulencias financieras le están llevando a solicitar su rescate a la Unión Europea). Y una comunidad con un 31% de paro no se puede permitir recortar en sectores que son fuentes de empleo como la obra civil.
La inversión en obras públicas es, además, un agente movilizador que impulsa muchos otros sectores económicos. El ejemplo más claro es cómo la construcción de infraestructuras del transporte hace de Andalucía un atractivo destino turístico.
En cambio, hay otras dotaciones presupuestarias públicas como la campaña de compra de ordenadores portátiles para fines escolares o la proliferación de empresas públicas, que suponen un gasto financiero que «muere» en sí mismo.
Coincidimos, por tanto, con la consejera Aguayo en que las dotaciones presupuestarias de la Junta primen la garantía de los derechos sociales. Pero esos derechos deben alcanzar a todos los ciudadanos, sin exclusiones, sin castigar a la malograda obra pública, porque todos los andaluces, incluso los que nos dedicamos a la construcción, tenemos los mismos derechos y todos queremos trabajar y cobrar por el trabajo que hacemos y que sabemos desarrollar con profesionalidad. Prueba del rigor y de la calidad de nuestro trabajo son las infraestructuras, carreteras, puertos, ferrocarriles… que a día de hoy disfrutamos y que son un referente para otras regiones (españolas y extranjeras) que sitúan a las constructoras e ingenierías andaluzas como modelos a seguir. Estas constructoras e ingenierías son las que la Junta va a terminar de hundir a base de recortar la inversión en infraestructuras y de imponerles insalvables restricciones presupuestarias. Así aumentarán las estadísticas de las cientos de empresas que ya han desaparecido y de los miles de puestos de trabajo que ya se han destruido por el incumplimiento del compromiso inversor de la Junta y otros organismos públicos.
Enrique Figueroa
Presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública (Ceacop)
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