Cyrus Vance el defensor de las desvalidas

MADRID- El fiscal de Manhattan Cyrus Vances, de 56 años, es el hombre que tratará de demostrar la culpabilidad de Strauss-Kahn en los siete delitos que se le imputan. Neoyorquino, alumno en las universidades de Yale y Georgetown e hijo del secretario de Estado en la administración de Carter, su perfil habla de un abogado especialista en delitos de cuello blanco, corrupción y crimen organizado. Sin embargo, su trayectoria profesional dio un cambio brusco cuando en 1986 se hizo cargo de un caso de asesinato de una humilde empleada a manos de su ex novio. Desde entonces se convirtió en contumaz defensor de los derechos de las mujeres, especialmente activo en el impulso de medidas para evitar los casos de violencia doméstica. Aunque ha dedicado buena parte de su carrera profesional al servicio público, en el pasado cofundó el bufete de abogados McNaul Ebel Nawrot Helgren & Vance, que ganó notoriedad y prestigio a raíz de un célebre litigio contra la compañía Boeing Corporation por prácticas discriminatorias contra sus 29.000 empleadas.
 Vance Jr. fue nombrado fiscal del distrito de Manhattan a principios de 2010, un terreno que conoce como la palma de su mano, ya que allí fue donde forjó su prometedora carrera como estrella en los ochenta. Según el perfil que traza «Le Figaro», pronto se ganó la admiración de sus compañeros por su inteligencia, dedicación y sentido de la ética. Cuando asumió el cargo prometió actuar con humildad e igualdad ante la ley para todos. Pese a sus privilegiados ascendentes, es un hombre hecho a sí mismo, emprendedor y con conciencia social. Está casado con una editora con la que tiene dos hijos. Con el «caso DSK» se enfrenta al gran reto de su vida. Sabe que puede volver a brillar, esta vez a escala mundial, si es capaz de reunir las pruebas necesarias para demostrar alguno de los siete delitos que penden sobre la cabeza de Strauss-Kahn, entre ellos el de intento de violación y de abuso sexual en primer grado contra una inmigrante africana, por los que podría ser condenado a entre 15 y 25 años de prisión.