El Gobierno declina pagar los 1504 millones que no «blindó» Zapatero

Sevilla- Otro frente que se encona entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central y que va a contribuir a disparar aún más el mercurio de la confrontación. Ahora a cuenta de los 1.504 millones de inversiones del Estado no ejecutados entre 2008 y 2009. El consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila, le remitió el pasado 5 de junio una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas reclamándole este débito y la cuantificación de las desviaciones entre 2010 y 2011. Antonio Beteta respondió el pasado lunes con otra misiva cerrando la puerta al pago. El vicepresidente andaluz, Diego Valderas, ya habla de una «segunda deuda histórica» y llama a los ciudadanos a que se movilicen.

Los elementos a tener en cuenta son los que siguen. El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge en su Disposición Adicional Tercera que «la inversión será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años». Sobre el papel, el Gobierno de Zapatero cumplió en 2008 y 2009, pero no ejecutó los mencionados 1.504 millones. El consejero de Economía se apoya en que el Ejecutivo central, conforme al seguimiento acordado en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta-Estado, comunicó oficialmente a la Administración andaluza en septiembre de 2011 la desviación. Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas esgrime que la Comisión Bilateral «carece de competencias en materia de inversiones, quedando asignadas, según el artículo 184 del Estatuto, en una comisión que no ha sido constituida, como es la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma (Cmaef)». «Por ello, la metodología y procedimientos aprobados en un grupo de trabajo de una comisión que no tiene competencias en la materia, así como las comunicaciones recibidas en relación a la Disposición Adicional Tercera en 2008 y 2009, no suponen ningún compromiso de pago», continúa la carta.

Se apoya además el Gobierno en la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó buena parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, en relación a la Disposición Adicional Tercera catalana, que vincula las inversiones con el PIB, señala que «no puede tener en modo alguno (...) efectos directamente vinculantes para el Estado». Por todo ello, concluye Beteta que «las comunidades no pueden construir en sus estatutos un sistema de financiación adicional para inversiones que se distribuya territorialmente según el criterio o variable que sea más favorable en cada momento». Andalucía, población, y Cataluña PIB.

La Junta, por su parte, replica, que la Comisión Bilateral sí tiene competencias en materia de inversiones y que la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales ha mantenido cinco reuniones entre 2007 y 2009.

En el fondo del problema reside la cláusula de blindaje de 1.000 millones que incluyó el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado de 2009 para garantizar los posibles incumplimientos en inversiones con Cataluña y Baleares. Se excluyó a Andalucía. La comunidad sí fue incluida en el blindaje de 950 millones de los Presupuestos de 2011 tras reclamarlo insistentemente el PP. No obstante, como recuerda el secretario de Estado en la misiva, el Consejo de Ministros del 30 de diciembre acordó la «no disponibilidad para el periodo de prórroga en 2012 de los PGE de 2011».

Además de 2008 y 2009, el consejero de Economía le recuerda a Beteta que tampoco ha enviado el importe de inversiones ejecutadas en 2010 y 2011. En este último caso, tendría que cerrar la cuantía «antes del 30 de junio de 2012».

También hay un problema con los Presupuestos Generales del Estado de 2012, toda vez que Andalucía recibió el 14,6 por ciento de las inversiones, cuando la cifra correspondiente al peso poblacional en el conjunto del Estado –recogido en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto– es el 17,8 por ciento. El secretario de Estado señala que las inversiones se han distribuido «de acuerdo con criterios distintos del recogido en la Disposición Adicional Tercera, pero encaminados a la satisfacción del principio de solidaridad, como avala el TC».