Uno de cada seis asesinos de mujeres burló el alejamiento

MADRID- El año 2011 está a punto de cerrarse, de nuevo, con un trágico balance de víctimas de la violencia machista. Tras el último asesinato cometido en la noche del martes, son ya 60 las mujeres que han fallecido a manos de sus parejas o ex parejas. No es la cifra más alta de los últimos años, pero en la estadística sí se repiten patrones que la Ley Integral de Violencia de Género, aprobada por el Gobierno del PSOE en 2005, no ha sido capaz de erradicar: una de cada cuatro mujeres asesinadas habían denunciado a su agresor y, lo que es más grave, 10 de ellas –una de cada seis– contaban con órdenes de alejamiento que los asesinos consiguieron burlar.

Es el caso de la última víctima, apuñalada en Marchena (Sevilla) frente a su hija de tres años. La mujer, de acuerdo con algunos familiares, ya había vaticinado que sería «la siguiente víctima» de esta violencia. Sin embargo, las medidas policiales no funcionaron y, sin que nadie lo advirtiera ni lo impidiera, el agresor se presentó en la vivienda con la intención de matarla.

Ésta es sólo una de las lagunas de la ley. Tampoco la norma ha conseguido solucionar el alto grado de violencia que sufren las inmigrantes, que representan el 40 por ciento de las víctimas. Además, los últimos datos del Ministerio de Sanidad indican que sólo 746 mujeres llevan pulseras antimaltrato, los dispositivos para evitar que sus agresores burlen las órdenes de alejamiento. A este respecto, el aún delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, reconoció ayer a este periódico que los brazaletes «no se están usando en todos los casos en los que se necesita», y eso a pesar de que hay 3.000 disponibles. Lorente, además, recordó que «aún no se ha dado el caso» de que una mujer con pulsera sea asesinada. Pero la ley de 2005 no ha logrado que los jueces las impongan con más frecuencia.

La presidenta del Observatorio para la Violencia de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán, apunta que el uso de estos dispositivos «tiene dificultades en localidades pequeñas, porque a menudo no se pueden respetar las zonas de exclusión».

Sin embargo, la ex ministra, Leire Pajín, asociaciones feministas afines y el PSOE andaluz parecen empeñados en obviar las deficiencias de la ley y en centrar el debate, de nuevo, en las palabras. La utilización de la expresión «violencia en el entorno familiar» por parte de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, desató un alud de críticas el martes y continuó ayer. Especialmente duras fueron las críticas vertidas por miembros de la Junta y del PSOE andaluz. Aprovechando que las dos últimas víctimas se registraron en esta comunidad, la consejera de Asuntos Sociales, Micaela Navarro, exigió a la ministra que usara la expresón «de género». El portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, la acusó de «no estar a la altura de las circunstancias». Y así un largo etcétera de reproches que continuaron ayer, pese a que la ministra ya aclaró que no habrá cambios terminológicos.

La única autoridad que restó importancia a este debate «estéril» fue José Chamizo, el Defensor del Pueblo andaluz. Quizá sabía que las mujeres de su comunidad tienen otros motivos de preocupación. Uno de cada cuatro asesinatos de mujeres en 2011 se produjo en Andalucía. No se trata de un hecho aislado: éste es el tercer año consecutivo en que se repite una cifra similar. Entre las causas está que se trata de la autonomía más poblada, pero el peso de la población (17 por ciento) es inferior al porcentaje de víctimas. Para Montalbán, datos como éstos «merecen un estudio en profundidad sobre la población y los factores socioculturales».

«De género», pero también «familiar»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, volvió ayer a emplear la expresión «violencia de género» para condenar el último asesinato de una mujer a manos de su ex pareja. Mato ya había advertido el día anterior que no habría un cambio de terminología, y que la ley integral no cambiaría de nombre. Sin embargo, en el comunicado, Sanidad no renunció a usar «violencia en el entorno familiar». «Nuevamente, se trata de un caso de violencia en el entorno familiar, ya que en el domicilio de la fallecida se encontraba en el momento del asesinato una hija de la misma, de tres años de edad», señala la nota de prensa. Sanidad, de este modo, hace compatibles las dos expresiones.