Un paro contra el bien común

España sufre hoy la segunda huelga general en menos de un año de Gobierno del PP. Los sindicatos han movilizado todos sus recursos, con el respaldo del PSOE y el resto de la izquierda, incluidos colectivos tan significados por sus silencios bajo la administración socialista como los artistas de la «Zeja». No es cuestionable el derecho de los trabajadores que quieran a secundar el paro, como tampoco la libertad de aquellos que prefieran no hacerlo y trabajar con normalidad y responsabilidad. En la previa, los dirigentes sindicales advirtieron de que el derecho a la huelga prevalece sobre el derecho al trabajo. Un mal presagio y un disparate que de forma implícita alienta la actuación de los piquetes camorristas, que no informativos. Cabe esperar que el Gobierno cumpla con su deber de garantizar que cada uno pueda optar por la alternativa que entienda como conveniente. Las razones para no secundar el paro son numerosas y de peso. Estamos ante una huelga política que tiene como objetivo explotar el comprensible descontento e irritación sociales por los ajustes para desgastar a un Gobierno de otro signo político. Hace tiempo que las centrales sindicales dejaron de proteger y luchar por los intereses de los trabajadores y los desempleados para convertirse en correa de transmisión de las estrategias de la izquierda política. Esta interpretación del paro general no sólo es compartida desde posiciones conservadoras o liberales, sino también por colectivos de trabajadores como el sindicato representativo de la función pública, que se ha desmarcado de la huelga. Pretender que lo que el país necesita en este momento de adversidad es una acción sindical y política tan abrupta no puede ser avalado más que por aquellos que persiguen objetivos ajenos al bien común. Y no es sólo porque el mensaje que se envía fuera de nuestras fronteras es de inestabilidad, inseguridad, conflictividad y enfrentamiento en tiempos en los que estamos en vías de recuperar la confianza que un país necesita cuando depende de la financiación exterior. También está la factura, lo que nos costarán la huelga. Los cálculos estiman que se perderán más de cuatro mil millones de euros si España se paraliza hoy. Con esa cantidad desperdiciada se podría pagar, por ejemplo, el 83% de la revalorización de las pensiones y se habrían evitado el 80% de los desahucios. Entendamos, por tanto, que la frivolidad sindical no sale gratis ni es inocua económica y socialmente hablando. Que sea un daño reparable o irreparable a corto o medio plazo, habrá que verlo, que a los sindicatos, al PSOE y a Izquierda Unida no les ha importado ese perjuicio colectivo a España es un hecho. Es un paro, por tanto, contra el país y sus ciudadanos que, a la vista de los precedentes y el desprestigio de la casta sindical, podría suponer un paso más de las centrales hacia la irrelevancia social.