Transparencia y buen gobierno

El Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una ambiciosa reforma legal con el doble propósito de garantizar la transparencia de las administraciones y de castigar la gestión negligente más allá de lo previsto en el Código Penal. Lo primero que sorprende de esta iniciativa es que no se hubiera tomado hace años, lo que revela un pasmoso déficit ético en la gestión pública y un grave atraso de la Administración española con respecto a Europa en materia de buen gobierno. Así se explica la mala imagen que arrastra la clase polítíca, convertida desde hace tiempo en la tercera preocupación de los ciudadanos. Acierta plenamente Rajoy al no demorar esta reforma, que formaba parte del programa electoral, como hizo el anterior Gobierno socialista. La recuperación de la confianza en los administradores pasa necesariamente por tener un techo de cristal y una potente luz iluminando la gestión del dinero público y los intereses generales. Aunque el proyecto estudiado ayer por el Consejo de Ministros está aún en mantillas, pues se ha tenido el buen criterio de abrirlo a los ciudadanos para que aporten sus sugerencias durante los próximos 15 días, las líneas generales avanzadas van en la buena dirección. Destacan las penas administrativas, de hasta 10 años de inhabilitación y multa, para aquellos gobernantes que autoricen gastos sin fondos, incumplan los compromisos de deuda, falseen u oculten datos contables y rehúsen adoptar planes de ajuste fiscal. Ni qué decir tiene que si este sucinto código se aplicara con efectos retroactivos a los últimos seis años, se podrían contar con los dedos de una mano los presidentes autonómicos que se salvarían de la inhabilitación. Y no digamos los poquísimos alcaldes que aprobarían el examen. En este punto, también conviene subrayar que la nueva ley obligará a fijar las retribuciones de los cargos municipales en los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual se evitarán no sólo agravios comparativos sino el bochornoso espectáculo de que sean los propios alcaldes los que decidan su sueldo. Por lo demás, es de cajón que las subvenciones, adjudicaciones, ayudas, contratos, procedimientos, convenios y, por supuesto, las retribuciones de los cargos públicos deberán hacerse públicos y estar permanentemente a disposición del ciudadano. En suma, se trata de un proyecto imprescindible, cuyas líneas básicas son firmes, pero que aún debe resolver algunas incógnitas, entre ellas cómo se reforma el Código Penal para castigar una gestión irresponsable, término penalmente muy escurridizo. Por lo demás, sería de ingenuos creer que con esta ley se acabarán las corruptelas y las negligencias. Baste recordar, por ejemplo, que la Junta de Andalucía adoptó hace años un código de buenas prácticas cuya eficacia ha quedado retratada en el escándalo de los ERE.