Sin consenso

Al margen de lo que diga hoy el CIS, de los últimos sondeos en Cataluña llaman la atención varias cosas: el hundimiento de ERC, que beneficiará previsiblemente a CiU; la no recuperación del PSC de Montilla, lastrado por la economía y por haber hecho durante cuatro años una política contraria a los intereses de sus votantes; el distanciamiento de Convergencia, pero sin ser un despegue total que le permita gobernar sin apoyos; y la subida más que llamativa del PP. Bajo mi punto de vista el voto se va a mover por la cuestión económica, y esa circunstancia beneficiará particularmente a Mas. Pero también se adivina un correctivo a quienes desde el tripartito han promovido durante dos legislaturas una política de imposición, «dedicándose a regular todas nuestras actividades, desde lo que comemos hasta la velocidad a la que circulamos, pasando por lo que reciclamos o la lengua que hablamos». El entrecomillado pertenece a Xavier Sala i Martín, famoso por sus posiciones independentistas, que sin embargo afirmaba en su artículo «¿Una lengua impuesta?» que «los castigos y las imposiciones generan anticuerpos y antipatías y acaban teniendo el resultado opuesto al deseado». Se refería a la política de persecuciones, multas y sanciones lingüísticas del tripartito de Montilla, trasladada a la Universidad con la pretensión de que se examinen de catalán los profesores que quieran ejercer la docencia en Cataluña. «Obligar a examinarse de catalán –decía– da una imagen de intransigencia y provincianismo (…) Nuestra lengua debe ser fomentada desde el corazón y no de la imposición».
Valgan estos párrafos para exponer una situación real que cada día irrita más a mayor número de ciudadanos, pese a que es habitual que los políticos la soslayen arguyendo que en Cataluña no hay ningún problema lingüístico. No lo hay, en efecto, en la calle y entre la mayoría de los ciudadanos de a pie, que conviven indistintamente y sin problema en una u otra lengua. Pero empieza a haberlo en las instituciones y en las normas que éstas dictan de aplicación obligatoria para comercios, hospitales, colegios, universidades, medios de comunicación, cines y vías públicas. Fundamentalmente porque lo que pretenden no es fomentar el provechoso bilingüismo, sino imponer el catalán como lengua única.
En los populosos barrios del cinturón de Barcelona saben bastante de esta materia, y les empieza a molestar que el partido al que habitualmente votan, el PSC-PSOE, se haya destapado como una formación más integrista incluso que CiU.
Quizás ahí esté también la explicación de por qué Artur Más no acaba de arrasar en las encuestas, así como de la caída estrepitosa de los socialistas y la subida del PP. Escribía no hace mucho Antoni Puigverd que «algunos se empeñaron en avanzar hacia el monolingüismo catalán. No quisieron enterarse de que, en un país como Catalunya, cualquier avance de la lengua propia debe contar con el consenso proactivo de la mayoría castellanohablante. Este consenso existía años atrás. ¿Existe ahora?». Evidentemente, no. No hay consenso cuando lo único que se ve es imposición.