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La Generalitat falseó documentación del Archivo para obtener su custodia

La Generalitat falseó documentación del Archivo para obtener su custodia
La Generalitat falseó documentación del Archivo para obtener su custodialarazon

SALAMANCA- El historiador e investigador archivístico Policarpo Sánchez reclamó a la Generalitat de Cataluña la devolución de todos los papeles salidos indebidamente del Archivo de Salamanca y que, en su opinión, forman parte de una operación «perfectamente calculada» para legitimar lo recibido a pesar de que, en su origen, no se ciña a la Ley de Restitución que determina la salida de legajos.

Así, relató Sánchez, el Gobierno catalán «ha usurpado la identidad de varios titulares de la documentación para quedarse con ella manipulando su nombre».

A juicio del investigador, el caso más grave se produce «por la usurpación de identidad de partidos políticos y sindicatos para quedarse con la documentación», una situación palpable en el caso de 145.000 documentos pertenecientes a la CNT de Cataluña. Como la organización ha expresado siempre su deseo de que sus papeles permanecieran en Salamanca fueron entregados, denuncia Sánchez, a un «grupúsculo escindido del sindicato denominado CNT Joaquín Costa con el que se pacta el cambio de titularidad a cambio de que se le ceda la custodia de los legajos de Cataluña», dijo.

Grave delito
«Han cometido un delito llegando a un acuerdo con una organización a cambio de cederles la titularidad por mantener allí los documentos», denuncia Sánchez quien tiene en su poder una relación detallada de la salida y entrada de papeles del Centro de la Memoria con la que demuestra que la situación se repite en otros muchos casos lo que, en su opinión, evidencia que «no se trata de errores sino de una hoja de ruta de la Generalitat para apropiarse de la documentación».

Por ello, Policarpo Sánchez, reclama amparo al nuevo ministro de Cultura «para que ayude a cuantas organizaciones políticas y sindicales y también a los particulares que quieren que sus papeles estén en Salamanca y la Generalitat lo niega».