La doble vara de la Junta: el PP crispa pero el PSOE no lo hace en Murcia

SEVILLA- Los funcionarios se han movilizado en Murcia en protesta por la Ley de Medidas Extraordinarias por la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas aprobada por el Gobierno regional que les recorta derechos sociales adquiridos y parte de sus salarios. En Andalucía, han hecho lo propio contra el decreto-ley de reordenación del sector público que, entienden, los equipara con el personal laboral de las empresas públicas y les limita su carrera profesional. Las dos administraciones encuadran estas decisiones en la obligación de reequilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit, compromiso adquirido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En ambas regiones se han producido manifestaciones y boicots a actos públicos de los distintos consejeros. Ha habido crispación social y política que, en el caso de Murcia, han concluido en una brutal paliza al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz. Antes, hubo intentos de agresión al senador del PP Pedro Manuel Hernández, al secretario general de la consejería de presidencia, José Gabriel Ruiz, y al parlamentario Pedro José Pérez. Ha habido protestas en la casa del presidente de la región, Ramón Luis Valcárcel, insultos a su hija y lanzamiento de huevos sobre su vivienda. En Andalucía, no ha habido incidentes de tanta trascendencia pero sí declaraciones altisonantes por ambas partes.
Situaciones similares salvo un matiz importante: en Murcia gobierna el PP y en Andalucía lo hace el PSOE.
Ese extremo es suficiente para que la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, instara ayer al PP a «reflexionar» sobre su «actitud política» ante el decreto de reordenación del sector público empresarial y «no estimule la intransigencia y radicalidad en las protestas» de los empleados públicos, algo que, según dijo, no han hecho los socialistas en la región mediterránea.
Tanto la Junta como el PSOE han mantenido en las últimas semanas que el PP está detrás de las protestas de las plataformas de funcionarios. Incluso el portavoz socialista, Mario Jiménez, llegó a señalar que recibían financiación del principal partido de la oposición, lo que provocó un anuncio de querella del PP por injurias y calumnias.
Sin embargo, cuando dirigentes del PP han señalado que el PSOE ha apoyado las protestas violentas contra el Gobierno de Valcárcel y las ha situado en el origen de la agresión a Pedro Alberto Cruz, los socialistas han respondido con justificada indignación.
«La crispación social y la radicalidad no es positiva ni en Murcia, donde desgraciadamente hemos tenido un incidente muy grave, ni en Andalucía, donde ojalá que no se produzca ningún incidente de esta naturaleza», advirtió la titular de Presidencia.
Aún así, Moreno justificó las diferencias entre el comportamiento de la oposición en ambos casos: «Los socialistas han condenado la agresión sufrida por el titular de Cultura. A mí me hubiera gustado escuchar a la portavoz popular –Rosario Soto– condenar el anuncio de una plataforma de reventar la campaña electoral del PSOE», dijo.
La respuesta de Soto se produjo horas más tarde. Puntualizó que su formación «está en contra de cualquier boicot a cualquier acto público del Gobierno o de un partido, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones», según indicó a Europa Press.
El próximo sábado tendrá lugar una nueva manifestación de funcionarios en Sevilla, en la que los convocantes esperan reunir a unas 50.000 personas. Los hechos de Murcia ocasionarán que se extreme la atención. Por si acaso, la portavoz del Ejecutivo andaluz espera que predomine «la parte racional».

El TSJA admite otro recurso contra el acuerdo entre Junta, UGT y CC OO
La sala de lo contencioso administrativo del TSJA ha admitido a trámite el recurso presentado por el sindicato Ustea contra los acuerdos adoptados en la Mesa General entre UGT, CC OO y la Junta por el que se modifica el decreto ley de reordenación del sector público, donde Ustea alegaba vulneración de derechos fundamentales. El sindicato considera que no es el foro adecuado ya que ahí están representados varios ámbitos –como educación, sanidad o justicia– cuando el texto sólo afecta a la Administración General. CSIF-A también presentó otro recurso, admitido por el Alto Tribunal andaluz.