Un ex edil del PNV desaparecido en el inicio de la investigación de los chantajes

Con más sospechas que aclaraciones. Así arrancó ayer la ronda de comparecencias de la comisión de investigación del Parlamento vasco que estudiará las responsabilidades políticas derivadas de la presunta trama de cohecho y espionaje a cargos de PP y PSE en Álava, en la que están imputadas personas vinculadas al PNV.

El primer llamado a declarar, Iñaki San Juan, ex concejal del PNV en Leyoa (Vizcaya), no acudió a la Cámara de Vitoria ni dio explicaciones por su ausencia, donde se le esperaba en calidad de administrador de las empresas Errexal y Ortzi Muga, ya que se beneficiaron de contratos presuntamente irregulares con el Departamento de Cultura del anterior Gobierno de Ibarretxe. Por esta incomparecencia se le puede acusar de un delito de desobediencia. Y si se trata de un caso grave, podría acarrear prisión.

De esta forma se estrenó la investigación parlamentaria del conocido como caso «De Miguel», apellidos de Alfredo De Miguel, quien fuera «número dos» del PNV en Álava, diputado de Administración Local y vicepresidente de Caja Vital, y que, según el informe policial que desveló ayer LA RAZON, era el presunto cerebro de una red de chantajes y de un grupo de empresas que recibía dinero sin aparente contraprestación.

Un modus operandi que emuló San Juan al realizar cuantiosos contratos con el anterior Ejecutivo vasco, en concreto con el área de Juventud del Departamento de Cultura, sin que consten los trabajos realizados.

El presidente de la comisión, Juanjo Aguirrezabala (EA), anunció que se dará una segunda oportunidad a San Juan. Pero, si no comparece ante el Parlamento vasco el 17 de enero, se pondrá el caso en manos de la Fiscalía. De cara a las restantes comparecencias (están llamadas a declarar otras 31 personas, entre ellas, la anterior consejera de Cultura, Miren Azkarate) recordó que los citados están obligados a acudir al requerimiento, aunque sólo sea para acogerse a su derecho de no responder. Sí declaró en la sesión de ayer un funcionario del Gobierno vasco, cuyo testimonio Agirrezabala consideró «útil» para esclarecer el procedimiento de contratación del Departamento de Cultura.

Sospechas del PP
Para el PP de Álava la incomparecencia de San Juan es «muy grave» y «compromete» al Departamento de Cultura que contrató los servicios de este empresario. «Su ausencia confirma que algo raro pasaba», opinan. Mañana están citadas Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo, imputadas en el supuesto caso de corrupción de Álava que está en los tribunales bajo secreto de sumario.

Bilbao es mujer de De Miguel y Araceli Bajo es esposa de otro de los acusados, Aitor Tellería (ex miembro de la Ejecutiva del PNV alavés y ex edil del Ayuntamiento de Vitoria). Acudirán en representación de la sociedad Kataia Consulting, empresa sin actividad aparente y que, según el informe policial, podría ser la destinataria de los frutos de los delitos perpetrados por la trama.