El agujero empieza en 495000 euros

Hasta que el Gobierno regional envíe la documentación solicitada y avance la investigación, el primer «agujero» horadado en las arcas públicas supera los 495.000 euros, en un plazo máximo de dos años.

En el atestado remitido al Juzgado, la Policía Judicial comienza a contar las cantidades que pudieron embolsarse el ex sindicalista «conseguidor» de las ayudas públicas, Juan Lanzas, y el comercial de Vitalia «mediador» entre trabajadores, empresa y aseguradoras, Francisco González –junto a cualquier otro implicado–, con los 63.800 euros abonados por Mercasevilla en 2005 a la firma asesora Hermes Consulting –de la que era socio González– por un informe sobre la necesidad de emprender un nuevo ERE que nunca se llegó a redactar. El mercado central de abastos abonó poco después otros 123.000 euros a otra consultora, Maginae Solutions –del cuñado de Lanzas–, por la elaboración del mismo estudio.

Analizando la información de la aseguradora Fortia, que trabajaba con Vitalia en la captación y financiación de regulaciones laborales, se descubrió que el propio Lanzas cobraba por el ERE de una empresa en la que nunca trabajó, la textil Hitemasa. Los investigadores sospechan que ésta es una de las vías por las que cobraba sus «servicios»: sólo entre octubre de 2009 y noviembre de 2010 se embolsó 47.320,73 euros.

El mismo «modus operandi» se cree que aplicaban los «intermediarios» con Carmen Fontela, «intrusa» en el ERE de Mercasevilla de 2003 y en el del restaurante Río Grande de 2005. Los ingresos en la cuenta que abrió para González alcanzan los 130.859,45 euros en dos años. Antonio Garrido Santoyo, el ex dirigente socialista en Jaén ajeno al mercado sevillano pero prejubilado en 2007, cobró 112.000 euros, cuyo destino intenta esclarecer la Policía. Y esto sólo es el principio.