Y si aceleramos a

MADRID-En la anterior Legislatura era un «no» rotundo y ahora un «puede». El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reabrió ayer el debate de los límites de velocidad en España al mostrarse dispuesto a estudiar un aumento de la velocidad máxima en autopistas y autopistas, después de analizar el impacto medioambiental que podría tener esta medida. El ministro explicó en la comisión de Seguridad Vial del Congreso que un ligero aumento en los límites de velocidad máximos en este tipo de vías no tendría apenas incidencia en la siniestralidad, teniendo en cuenta que el 75 por ciento de los accidentes se producen en las carreteras secundarias.

Ahora bien, también aclaró que antes habría que tener en cuenta el incremento de emisiones de efecto invernadero que la iniciativa podría acarrear, por los costes que suponen para España los derechos de emisión de gases.

Entre los partidarios del aumento del límite se encuentran algunos clubes de automovilistas, entre ellos el Real Automóvil Club de España (RACE). Su director de Seguridad Vial del Tomás Santa Cecilia, dijo a Efe que la subida de los límites de velocidad es una medida «digna de análisis, ya que los límites actuales están desfasados y es necesario actualizarlos».

Revisión de señales
El presidente de Automovilistas Europeos, Mario Arnaldo, también se mostró favorable, aunque con reticencias. «Soy partidario del aumento, pero no confío en que se haga porque desde hace un año el Gobierno tenía que haber revisado toda la señalización vertical de las carreteras para adaptarla a la mayor edad de los conductores (no hay que olvidar que el censo de conductores mayores de 65 años se ha duplicado). Un incremento de velocidad implicaría un aumento de las dimensiones de la placa y obligaría a afrontar un nuevo gasto».

Un portavoz del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) también se mostró favorable a la subida de los límites de velocidad, supeditada a las condiciones de la vía y a la climatología.

Las asociaciones de víctimas de tráfico son más reacias a la posibilidad de un aumento de los límites. La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, manifestó que si se aumenta el límite por ejemplo, de 120 a 140 Km/h «muchos conductores irían otros 20 km/h por encima del límite, tal y como ocurre ahora». En este aspecto, «España no se puede comparar con otros países de la Unión Europea».

Por otra parte, el Gobierno pretende ampliar los controles de alcoholemia y drogas. Ayer, Fernández Díaz anunció que la Dirección General de Tráfico va a estructurar un programa de detección de conducción bajo los efectos de la droga análogos a los controles de alcoholemia.

Y es que en lo que respecta al control de los estupefacientes al volante aún queda mucho por hacer. A pesar de que se tipificó como delito en la última reforma del Código Penal, la realidad es que las sanciones por conducción bajo los efectos de las drogas «han tenido muy escas aplicación», reconoce el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Y eso que distintos estudios internacionales reconocen que hay más drogas que alcohol en la carretera.

En este aspecto «hay mucha impunidad, aunque ahora se está avanzando en la formación y preparación de los agentes para que apliquen el test salivar», añade. A esta circunstancia hay que añadir que los test positivos tienen un complejo proceso de analítica por eso el fiscal considera que es necesario mejorar los procedimientos. Vargas adelantó ayer a LA RAZÓN que una de las reformas que se abordará en el Reglamento de Circulación será el desarrollo de los controles de drogas de tal manera que se fijarán unas tasas, al igual que ocurre con la alcoholemia, para sancionar por la vía administrativa al conductor que circule bajo sus efectos.

 Además, y dado el elevado gasto que suponen este tipo de controles, se está estudiando también la posibilidad de que, en el caso de que un test resulte positivo, sea el propio infractor el que cargue con los costes del proceso.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles también denunció ayer las dificultades con las que cuenta a la hora de practicar los test de drogas a los automovilistas. «Tenemos pocos «drogotest» y si detectas que un conductor ha consumido alguna sustancia no se le puede sancionar si no hay una prueba clara de que su forma de conducir tiene relación con el consumo de estupefacientes. Además, si no tenemos una tasa límite a partir de la cual podamos sancionar, como ocurre con la alcoholemia, no podemos hacer nada. A esta circunstancia hay que añadir que falta formación de los agentes que practica estas pruebas».

El titular de Interior también se mostró dispuesto a cambiar la estadística de la siniestralidad ya que, hasta ahora, la DGT se regía por lo que se conoce como «indicador rápido», es decir, el cómputo de víctimas tras 24 horas. De hecho, los datos globales sobre la siniestralidad del año 2010 no estuvieron disponibles hasta el último trimestre de 2011.

«Deberíamos ser capaces de ofrecer datos completos sobre fallecidos, heridos y personas con secuelas, tanto físicas como psíquicas, y hacerlo en un plazo de actuación más breve. La cifra de muertos a 30 días debería estar lista a 30 de enero del año siguiente». En su opinión, «la verdadera magnitud de la accidentalidad la obtendremos cuando podamos manejar un sistema de recogida de datos integral en el que cooperen todas las administraciones».

La nueva asignatura de Educación Cívica tendrá un fuerte contenido de educación vial
Las medidas anunciadas por el Ministro del Interior en el Congreso de los Diputados alcanzan también a la Educación. De hecho, Fernández Díaz anunció ayer que «se mejorará la educación de los conductores, tanto en el entorno de las escuelas como en el acceso a la conducción y en la actualización de sus conocimientos». Por lo pronto, ya concretó que la nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional que sustituirá a Educación para la Ciudadanía tendrá un fuerte contenido de educación vial. De hecho, el titular de Interior ya ha mantenido contactos con el de Educación, Juan Ignacio Wert, para concretar este aspecto.