«Me disparan porque no he sido del aparato del PSOE»

Sevilla- El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero, llegó ayer por la mañana a los juzgados de Sevilla para seguir declarando por el caso de los ERE fraudulentos. Gafas oscuras,tranquilo en apariencia y envuelto en una nube de periodistas. Salió, sin embargo, mucho más agitado, cuando al filo de las seis y media de la tarde pidió a la juez instructora que cortara el interrogatorio porque se sentía muy afectado personalmente. Al preguntarle Mercedes Alaya por qué «regaló» dinero del erario público sin mediar siquiera una solicitud, estalló. «Hay una clara intención de dispararme a mí porque nunca he sido del aparato del partido. Para salvar la honorabilidad de otros y denigrarme a mí y a mi familia», dijo.

Las respuestas del ex alto cargo de la Junta a las preguntas de la juez Mercedes Alaya se incardinaron en la misma dirección que en sus dos anteriores comparecencias ante la Guardia Civil. Esto es, volcó las responsabilidad de las irregularidades en las directrices políticas que recibió de sus superiores. Tanto en el dinero para ayudas a empresas y prejubilaciones como en la ausencia de procedimiento sobre el que alertó reiteradamente la Intervención General. Guerrero insistió en el papel clave de José Antonio Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004 y hasta hace un mes secretario general del PSOE de Sevilla. En numerosas ocasiones se refirió a él y fijo sus responsabilidad. Señaló que fue Viera quien determinó los «criterios» para conceder las ayudas sociolaborales «de forma discrecional y sin publicidad». Negó sin embargo la arbitrariedad, lo que le implica por prevaricación. Y dijo haber entendido que el Gobierno andaluz daría «su respaldo» a ese procedimiento. Fue efectivamente el ex consejero Viera el que firmó en julio de 2001 un convenio con el entonces responsable del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –más tarde IDEA– Antonio Fernández, por el que se adoptó la fórmula de transferencia de financiación para librar el dinero de la partida 31.L (647 millones entre 2001 y 2010). Esta fórmula, a diferencia de la subvención excepcional que fue la que recomendó la Intervención General, opacó el proceso. «Todo el mundo sabía de esas ayudas, que se otorgaban de forma discrecional y sin orden reguladora, y nadie puso reparos». Teniendo en cuenta la opacidad en el libramiento del dinero, reconoció que lo lógico es que se enteraran de las mismas personas del «entorno» de la Junta.

La juez, según aseguraron a este periódico fuentes presentes en el interrogatorio, dedicó un largo bloque de preguntas a las ayudas que recibió el conglomerado de empresas del hijo del ex alcalde socialista de El Pedroso, José Enrique Rosendo –también imputado– y su socio José María Sayago, agraciados con 13,7 millones de euros. La Guardia Civil ya dedujo el papel «esencial» de Viera en la otorgación de ayudas a la trama de la Sierra Norte. Guerrero lo ratificó. Las ayudas fueron una «imposición» de Viera en su etapa como consejero e incluso después de dejar el cargo «siguió influyendo» para que los dos ex ediles socialistas siguieran recibiendo dinero. Aludió, asimismo, al ex consejero Antonio Fernández. Dijo que se comprometió a ayudar con tres millones de euros al hermano del ex presidente Rodríguez de la Borbolla.