En honor a la verdad

Ni el portavoz parlamentario socialista Mario Jiménez ni el consejero de Gobernación Luis Pizarro han llamado fascistas o batasunos a los funcionarios que se oponen a la reordenación del sector público andaluz. Tales calificativos –en cualquier caso desafortunados –lo han destinado exclusivamente a unos determinados portavoces, los que han amenazado con boicotear actos electorales del PSOE o actos institucionales de la Junta si ésta no comienza de cero la negociación sobre las futuras agencias públicas empresariales. Sin embargo, los periodistas somos así. Embebidos, embaucados o embozados, en ocasiones oímos lo que queremos para poder seguir escribiendo de lo que nos gusta. Pero las noticias han de ser veraces y, aunque Jiménez y Pizarro tampoco sean inocentes en utilizar unas palabras deliberadamente gruesas, vaya en su descargo decir lo que no dijeron. Esta misma deformación le acaba de ocurrir a José María Aznar, injustamente acusado la semana pasada de querer dinamitar el Estado de las Autonomías. No, lo que el ex presidente advirtió –teniendo en cuenta nuestra escasa densidad de población, nuestros limitados recursos públicos y nuestras cortas expectativas de crecimiento a medio plazo– es hasta qué punto España no debe podar su estructura burocrática, funcionarial y de gasto administrativo. Sobre todo, si queremos mantener el preciado Estado del Bienestar. Porque dinero para todo no hay y, no por conocidos, dejan de ser escándalos ciertos excesos no sólo en la Administración autonómica sino también en multitud de ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Y añadiría yo que también la complejidad de la maraña legislativa. Es cierto que Aznar, con su lenguaje seco e inexpresivo, ha podido propiciar él mismo ser mal interpretado. Ahora bien, de lo que no cabe ninguna duda es de que nuestro país no ha sabido, pese a haber transcurrido tres décadas, cerrar la distribución de competencias y financiación territoriales recogida en nuestro modelo constitucional. Un gravísimo handicap en tiempos de crisis ante el que los partidos políticos no pueden permanecer ajenos. Y, posiblemente, los funcionarios tampoco.