El responsable del «fondo de reptiles» declaró que no leía lo que firmaba

 La Junta de Andalucía ha negado en repetidas ocasiones el fracaso de los mecanismos de control interno en la gestión de las ayudas a empresas en crisis. El pasado martes, la consejera de presidencia y portavoz, Mar Moreno, rechazó «con rotundidad que los fondos o los procedimientos administrativos sean ilegales o que no exista control de esas partidas». La responsabilidad de que se contabilicen al menos 39 presuntas prejubilaciones irregulares financiadas por el Gobierno andaluz la atribuyó en exclusiva a la Dirección General de Empleo, «la competente en la materia». Este órgano directivo dispuso para este cometido de 647 millones de euros entre 2001 y 2009.

Entre el 26 de septiembre de 1999 y el 29 de abril de 2008, el director general de Trabajo y Seguridad Social era Francisco Javier Guerrero Benítez. En su declaración ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial a la que ha tenido acceso este periódico adujo lo siguiente: «Antes me he fijado en un detalle; han entrado y le han preguntado: jefe, ¿por qué no me ha firmado esto? Eso me ha pasado a mí miles de veces. Claro, si uno se tiene que parar a leer todo lo que firma o fijarse en todos los detalles de lo que firma en una dirección de mi envergadura sería cuasi perfecto», señaló.

En esa misma declaración calificó como «fondo de reptiles para crisis» el dinero del que disponía su Dirección General y que gestionaba tras transferir a una sociedad instrumental del Gobierno andaluz –primero el IFA y luego la Agencia IDEA–.

Guerrero también advirtió a la Policía de que el Gobierno central financió con la Junta algunos ERE. «Con Tragsa, Boliden o la franja minera de Huelva hicimos acuerdos con el Ministerio de Trabajo, mediante el cual las dos partes cubrimos los costes. También intervenimos en Delphi o en la caída del sector de Jerez con las bodegas. Eran crisis particulares que desestabilizaban un sistema productivo», apuntó.

El dinero del Ministerio se habría utilizado para pagar despidos y prejubilaciones en los que el informe de la Policía Judicial aprecia «vicios de nulidad de pleno derecho».

Hasta ahora, entre los 37 intrusos hay altos cargos vinculados a la Junta y al PSOE andaluz. Es el caso del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla), Rafael Rosenso, el ex gobernador civil en Cádiz, César Braña –fallecido en 2002– o un delegado provincial de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés. Fuentes del PP aseguran que hay más implicados y «más relevantes».

Tras nueve días de silencio absoluto, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no tuvo ayer más remedio que pronunciarse sobre la «trama» de los expedientes de regulación de empleo. «Hemos ido más allá de los requerimientos del propio juzgado y hemos aportado todos los elementos que nos parece que pueden haber sido irregulares». Por otra parte, pidió que no se especule sobre algunos de los nombres que están saliendo al paso –entre ellos tres ex altos cargos socialistas– porque pueden ser «falsos».