Cerco a la prostitución y a la «mendicidad agresiva»

MADRID- Con el propósito de mejorar la convivencia y la seguridad de sus vecinos, el Ayuntamiento de Coslada prevé aprobar en los próximos meses una ordenanza que regule y, en su caso, establezca sanciones para determinadas prácticas que se dan en las calles del municipio como la prostitución o el botellón, y que ponga fin a situaciones molestas como la contaminación acústica. Aunque el equipo de gobierno municipal, del Partido Popular, tiene previsto iniciar en las próximas semanas una ronda de contactos con los demás grupos políticos para alcanzar el mayor consenso posible, la normativa ya ha suscitado cierta polémica, además del rechazo frontal de Izquierda Unida.

Entre los aspectos que esta ordenanza de convivencia sancionará se encuentran «los servicios sexuales en plena calle». El de la prostitución callejera no es un problema especialmente acuciante en Coslada. Precisamente por ello, la norma nace con el propósito de actuar de forma preventiva y evitar que en el futuro proliferen zonas dedicadas a este negocio que puedan ser controladas por organizaciones mafiosas. La iniciativa, todavía en fase de estudio y sujeta a modificaciones, no ha determinado si finalmente sancionará a las personas que ejercen la prostitución o a los clientes.
Otro de los aspectos que se pretende regular es el de «las conductas molestas y agresivas de aquellas personas que adopten determinadas formas de mendicidad».

Desde el Ayuntamiento insisten en que no se trata de sancionar la mendicidad en sí, sino algunos comportamientos que afectan a la convivencia y a la seguridad en Coslada. Las sanciones en este apartado irían dirigidas hacia aquellos que, bajo una falsa apariencia de mendicidad, tratan de aprovecharse de los vecinos. Sería el caso, por ejemplo, de las personas que se apostan en los semáforos y que se ofrecen para limpiar las lunas de los vehículos o las de aquellos que piden dinero de forma intimidatoria e incluso agresiva a los viandantes y a los clientes de terrazas y cafeterías, originando en ambos casos situaciones conflictivas.

La nueva regulación no tiene todavía fecha, aunque desde el consistorio barajan junio como un mes más que razonable para su entrada en vigor. La ordenanza también incrementará las multas para algunas conductas, recogidas en las ordenanzas de Medio Ambiente, y aprobará sanciones para conductas que actualmente no tienen una penalización, como el exceso de ruido, los juegos con apuestas de dinero en la calle, la venta ambulante o las pintadas y grafitis en emplazamientos públicos. Las multas, aunque también están sujetas a posibles modificaciones en el curso de las negociaciones, rondarían los 3.000 euros, aunque éstas podrían ser sustituidas por trabajos comunitarios. El concejal de Medio Ambiente, Francisco Becerra, asegura que lo que se pretende es «poner el acento en el respeto a las personas, los bienes y el espacio público, y que éste sea una ampliación de nuestra propia casa».

Según Izquierda Unida, estanormativa «esconde, bajo el paraguas de buscar solución a los grafitis o el ruido, un recorte de libertades que nos devuelve a épocas preconstitucionales». Su coordinador, Pedro San Frutos, calificó de «autoritario» el proyecto de ordenanza y aseguró que, «al paso que vamos, cualquier día recuperan la Ley de Vagos y Maleantes y el Tribunal de Orden Público».