Sevilla

El Consistorio logra que Mercasevilla deje de estar en causa de disolución

Zoido presidió en el Ayuntamiento el acto de constitución de las once juntas de distrito
Zoido presidió en el Ayuntamiento el acto de constitución de las once juntas de distritolarazon

Sevilla- Las medidas adoptadas ayer por el consejo de administración de Mercasevilla permiten desde hoy a la empresa municipal dejar de estar en causa de disolución. La denuncia efectuada en su día por el Grupo Popular ha demostrado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 se realizó de forma fraudulenta, lo que ha permitido disminuir la provisión de nueve millones que hubo que realizar para pagar a los trabajadores en 1,7 millones. Así, el patrimonio de la sociedad se ha revertido desde 61.000 euros negativos a 1.650.000 euros en positivo.

En los dos últimos años, Mercasevilla acumuló unas pérdidas de casi 4,5 millones de euros y, además, soporta un pasivo de 9 millones por la financiación del ERE de 2007, al que se adhirieron 40 trabajadores cuyas prejubilaciones han quedado bloqueadas al desligarse la Consejería de Empleo de la Junta. De este modo, la sociedad mixta (participada mayoritariamente por el Ayuntamiento y Marcasa) ha pagado ya más de un millón para cubrir las nóminas de los afectados por el precedimiento.

Multas por pescado inmaduro
Las sanciones recibidas por la localización de pescado inmaduro –pesan 93 expedientes– han contribuido a deteriorar aún más la economía de la empresa, cuya evolución financiera reflejaba pérdidas en 2011 por valor de 1,8 millones de euros más.

Por todo ello, la comunicación realizada ayer por el Consistorio hispalense arroja una rayo de esperanza. «El patrimonio de la sociedad se ha revertido tras confirmarse la situación fraudulenta de algunos ERE, por lo que la empresa no tendrá que hacerse cargo de dichas pólizas; y después de que haya disminuido la multa por la venta de pescado inmaduro en la lonja, ya que varias sentencias afirman que Mercasevilla no es responsable de esa práctica irregular», se afirma en la nota.

El presidente de la sociedad gestora y sexto teniente de alcalde del Consistorio, Gregorio Serrano, ha señalado que «el informe de un actuario de seguros independiente ha confirmado el fraude que se produjo con la inclusión de varios trabajadores en el ERE de 2007, después de que la juez apuntara esas irregularidades en una auto, por lo que la empresa ha conseguido rescatar 1.711.000 euros de los 9.000.000 que dotó para el pago del mismo».

Serrano destaca que tras el informe del mencionado actuario «se ha demostrado que uno de los fraudes fue el de Antonio Garrido Santoyo, miembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza, que se acogió al ERE sin estar trabajando en la empresa».
Además, se han realizado «ajustes contables» en el tema de los trabajadores con invalidez que se acogieron al ERE, algo que no está permitido por la ley porque son incompatibles; y en el de los empleados acogidos al ERE que recibieron premios extraordinarios por jubilación, ya que éstos no entraban dentro del acuerdo. «La situación irregular de estos expedientes fue refrendada por la juez tras la querella presentada por el Grupo Popular, y ahora es confirmada por un experto independiente. Hemos conseguido que Mercasevilla deje de estar en causa de disolución gracias a que se ha demostrado nuestra denuncia de los ERE fraudulentos», concluyó Serrano.
 

 

Aplazado a mayo el juicio por los prejubilados
El juez ha aplazado al 17 de mayo de 2012 la demanda de 24 de los 40 trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, de cuyo pago se ha desligado la Junta tras las diligencias penales abiertas. La vista estaba fijada para ayer en el juzgado de lo Social 8, pero fue aplzada por falta de documentación solicitada al Ayuntamiento, la Junta y las aseguradoras Generali y Vitalia. El montante total de la reclamación de los trabajadores asciende a 9 millones. El compromiso de pago fue firmado por Francisco Javier Gerrero, ex director genera de Trabajo de la Junta, imputado por las irregularidades en los ERE. Ésta es sólo una de las vías judiciales abiertas por los trabajadores.