Barcelona

Montilla presenta su primer recurso al TC tras la sentencia sobre el Estatut

El gobierno catalán ha acordado hoy interponer su primer recurso al Tribunal Constitucional (TC) desde que el tribunal dictó sentencia sobre el Estatut y, a 24 horas de la entrevista entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla, en concreto se trata de un recurso por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

La Generalitat considera que el Real Decreto por el cual se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local puede vulnerar las competencias reconocidas en el Estatut al no haber reconocido ningún tipo de participación de la Generalitat en la gestión de las subvenciones y, para intentar resolver estas objeciones competenciales, el 19 de enero de 2010 inició negociaciones en el marco de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.Pero a pesar de la labor realizada en el grupo de trabajo creado a tal efecto, no se ha podido resolver ningún acuerdo satisfactorio, ha concluido la Generalitat.El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña emitió un dictamen a petición del Govern en el que considera que varios preceptos de esta norma, singularmente los referidos al procedimiento para la ejecución del plan, no respetan el orden competencial y vulneran las competencias de la Generalitat recogidas en el artículo 114.3, en relación con el artículo 152.4, y otros artículos concordantes en el Estatuto.Preguntado por la motivación del Govern para acudir al TC después de haberle restado legitimidad para evaluar el Estatut, el vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, ha dado por supuesto que el TC se renovará con el tiempo, y ha subrayado que "la Generalitat no puede parar su maquinaria institucional en defensa de los derechos reconocidos de manera legal".En rueda de prensa, Carod ha recordado que el gobierno catalán, antes incluso de aprobarse el Estatut de 1979, gestionaba las subvenciones estatales a los municipios, y ha justificado este conflicto institucional porque la Generalitat debe poder garantizar que las prioridades que marca y las subvenciones estatales a los entes locales van en el mismo sentido.