El Ejecutivo estudia gravar hasta con 3 euros la receta médica

MADRID- La situación de las cuentas públicas exige medidas urgentes. Desde el recorte de la partida anual dedicada a papelería en cada uno de los ministerios, hasta una reforma millonaria de la financiación del servicio de salud público. La consigna del Gobierno está clara: cada euro cuenta en la lucha y hay que pelear por él como si del mismísimo tesoro del «Nuestra Señora de las Mercedes» se tratara.

La batería de medidas para recortar cerca de 29.000 millones en el presente ejercicio y otros 30.000 en el de 2013 para alcanzar el objetivo del 3% de déficit que reclaman los socios comunitarios, y que a día de hoy parece una quimera inalcanzable (aunque queden 22 meses por delante), ha comenzado a notarse y no sólo en el IRPF y en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En la Administración central, las rebajas de nivel están a la orden del día, así como la supresión de unidades y asesorías, la reconversión de secretarías de Estado en secretarías generales, y las amenazas que se ciernen sobre el personal laboral contratado y las partidas para Acción Social de los empleados públicos.

La brecha sigue siendo grande
El fulminante recorte de 9.000 millones en el gasto público, unido a la subida impositiva, apenas ha logrado dejar el déficit en el entorno del 7% del PIB, muy lejos del 4,4% previsto, por lo que el Ejecutivo está barajando promover recortes drásticos en la Sanidad. Para empezar, según aseguraron a LA RAZÓN fuentes de este departamento, se plantea dejar de financiar una amplia lista medicamentos de «escaso valor terapéutico» y de bajo precio, y que podría incluir desde lágrimas artificiales, laxantes y mucolíticos hasta analgésicos tópicos.
Al «medicamentazo» le seguiría la financiación «selectiva» de algunos fármacos. Es decir, que las administraciones públicas sólo financiarían algunas indicaciones de determinados medicamentos.

El tercer pilar de esta reforma sanitaria implicaría el copago de entre dos y tres euros por receta (se excluye por ahora el copago por visita médica), lo que supondría entre 2.000 y 3.000 millones de euros en recaudación adicional. La medida excluiría a los colectivos más desfavorecidos, como los pensionistas o desempleados.

Estas y otras posibles medidas centrarán gran parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el primero al que se enfrenta la ministra de Sanidad, Ana Mato, desde que asumió el cargo en diciembre. Mato se reunirá con los consejeros autonómicos para discutir la equidad y organización del sistema sanitario nacional.
Respecto al abultado débito impagado que acumula la Administración –especialmente con laboratorios y farmacéuticas– el Gobierno considera «demoledores» los 60.000 millones de deuda acumulada por los organismos públicos, «prácticamente el triple que hace tres años». Además, hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios entre todas las administraciones.

Además, se valora la venta de participaciones industriales. A través de la SEPI, el Estado tiene acciones en la aeronáutica EADS (5,47%), Enagas (5%), Red Eléctrica (20%) e IAG (2,71%), esta última fruto de la fusión de Iberia con British Airways.
El valor aproximado de estos títulos rondaría los 2.500 millones. A esta desinversión habría que sumar la apertura al capital privado de empresas públicas como Paradores, de la que se ha venido hablando sin que haya llegado a concretarse ninguna medida por parte del Ministerio que dirige José Manuel Soria. Descartada –parece– la privatización de la cadena pública de hoteles, los ingresos dependerán del grado de apertura a la inversión privada.

Otra de las partidas de las que se pretende obtener mayores ingresos es de la lucha contra el fraude fiscal. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda apremia al Ejecutivo para que endurezca la lucha contra las facturas falsas. Según los inspectores, un solo emisor de facturas falsas ocasiona un «ahorro fiscal» a otros empresarios desaprensivos del 30% en el Impuesto de Sociedades, y del 18% en el IVA. Esto significa que un solo emisor de facturas falsas, en el límite de 450.000 euros, puede ocasionar un quebranto a las arcas públicas del 48% (216.000 euros), más de 20 veces la cantidad ingresada por cada empresario honesto en el régimen de módulos. El sindicato de técnicos de Hacienda estima que una apuesta decidida contra la economía sumergida se traduciría en unos ingresos extraordinarios de 38.500 millones. Una jugosa partida más para atajar el déficit.

Aparcadas, de momento, las privatizaciones de Loterías, El Prat y Barajas, también está sobre la mesa la propuesta para extender las concesiones de las autovías, lo que generaría unos 1.000 millones de euros, y la reforma del sistema energético, sobre todo el eléctrico, que acumula un déficit de más de 24.000 millones de euros.